La presión popular logra frenar por tercera vez un desahucio

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) apuró hasta el lunes a última hora para que los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona reabrieran el caso de Matías González, un vecino de Sant Andreu de 52 años cuyo desahucio estaba fijado para ayer. El escrito del Ayuntamiento al juez, en el que afirman que el caso se verá en la Mesa de Emergencias Sociales de final de mes, no sirvió para que el magistrado suspendiera el desahucio, pero sí la presión del centenar de personas congregadas ante el número 430 de la calle Gran de Sant Andreu: ayer mismo el magistrado decidió aplazarlo. Por tercera vez: la primera, en mayo, cuando se paró por la presentación de un recurso, y la segunda, en junio, también por la presión popular.

La noticia de que el desahucio se aplaza hasta nueva fecha -se entiende que posterior a la reunión de los servicios sociales- fue recibida a las diez de la mañaña con euforia por el centenar de activistas de la PAH y vecinos de González que llevaban horas esperando la llegada de la comitiva judicial. Con el ya tradicional grito de "sí se puede", los congregados -desde señoras mayores hasta jóvenes con traje y corbata- celebraron, además, una cifra redonda: el de ayer es el desahucio número 80 que logran frenar. En solo una semana, este movimiento ciudadano ha parado seis desahucios en Madrid, Murcia y Cataluña.

Salvar el negocio

La situación que afronta González comenzó en 2009, cuando tuvo que cerrar el bar que regentaba en el barrio del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet. Uno de sus socios falleció, el otro enfermó y la crisis fue la puntilla. En el intento de salvar el negocio había avalado varios préstamos con su piso. No pudo afrontar las letras y hace casi un año el banco subastó su piso.

"Si tengo hipotecado el piso, que me lo quiten", admitía ayer, "pero que no me quiten la vida", clamaba ante la inminencia del desahucio. González tiene un hijo adolescente a su cargo y, sin trabajo ni energía para buscarlo, dice, solo cuenta con la ayuda de 400 euros del Gobierno. "¿Adónde voy?", preguntaba al aire, y recordaba que la Generalitat anunció hace una semana que alquilará 3.000 pisos sociales que están vacíos. González se queja de que hasta ahora la Mesa de Emergencias Sociales le ha denegado un alojamiento alternativo y confía en que la reunión del 25 de octubre dé una solución a su caso.