La Justicia ofrece un giro social en defensa de los afectados por la crisis

"El derecho de los acreedores tiene como límite la vulneración de la dignidad de las personas". Con estas palabras, a modo de advertencia, el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, avanzó ayer que la Justicia vasca "no será ajena a los nuevos retos de solidaridad" que demanda la crisis. Un rotundo pronunciamiento con el que abordó la principal preocupación actual de los ciudadanos y situó al tradicionalmente opaco universo judicial a pie de calle, como garante de los derechos de los más necesitados. "No queremos ni debemos estar fuera de onda respecto de los graves impactos que la recesión está provocando en nuestra sociedad", manifestó.

La jurisdicción Civil ha tomado el relevo de la Social y la Mercantil en lo que al incremento de la litigiosidad se refiere como consecuencia de la crisis. En apenas tres años, las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado casi por cuatro en el conjunto de España. A este dato se aferró Ibarra, durante la apertura del Año Judicial en Bilbao, como principal argumento de su solidaridad con quienes han perdido su empleo y no pueden hacer frente a los pagos comprometidos. "Nuestro ordenamiento constitucional vincula al poder judicial con la prestación de una tutela efectiva que preserve la dignidad del deudor y el núcleo de sus derechos fundamentales", defendió.

El presidente del Superior defiende la "dignidad" de los deudores

Ante las decenas de asistentes congregados en la sede del Superior, entre los que se encontraba el propio lehendakari, Patxi López, el máximo responsable de la judicatura vasca superó el discurso protocolario de otras ocasiones y la mera exposición de intenciones al plantear medidas concretas como la dación en pago del bien hipotecado para la completa liberación de la deuda. Una fórmula que, según advirtió, ya queda recogida en el Código Civil. "La ciudadanía no puede aceptar como justo que una vez adjudicado el piso al acreedor financiero, la persona que lo adquirió siga manteniendo una elevada deuda sin amortizar", esgrimió.

En el discurso más social que se recuerda en la apertura de un curso judicial, Ibarra aprovechó la presencia del lehendakari por primera vez en este tipo de actos para recordar que cabe una actuación previa por parte de la Administración para suavizar las consecuencias del endeudamiento familiar. Concretó que Euskadi tiene competencia legislativa en materia de protección del consumidor, así como de plenas atribuciones para la dotación de servicios de mediación intraprocesal. Dos facultades que presentó como herramientas apropiadas para un tratamiento "preventivo" de las situaciones de endeudamiento que se podría aplicar "de manera previa o en el curso de los procesos ejecutivos hipotecarios".

Tras poner como ejemplo el modelo de Francia, Ibarra concretó que la mediación administrativa facilitaría al juez de ejecución "un plan convencional de liquidación de la deuda adecuado a la capacidad de pago del deudor". Una propuesta que, según su alegato, determinaría el mínimo de subsistencia de la persona y establecería el orden de satisfacción de las deudas contraídas, así como las medidas de aplazamiento, de reducción de pagos o supresión de intereses. "La sociedad mantiene la expectativa de que la Justicia opere como garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. A ello dedicaremos nuestros esfuerzos en este nuevo año judicial", garantizó.

Las palabras del presidente del Tribunal Superior encontraron eco en las del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Aunque su discurso se centró más en los presos y el final del terrorismo, el máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi se comprometió también a afrontar con decisión las nuevas preocupaciones sociales derivadas de las dificultades económicas. Un reto para el que demandó colaboración interinstitucional al lehendakari y a la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, presente también ayer de la apertura del Año Judicial en Bilbao.