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La publicación del decreto que regula el sector público se retrasa

Economía alega que la demora se debe a la burocracia

La Consejería de Economía no dio a conocer ayer el decreto que reestructura el sector público valenciano y que afecta a un total de 75 empresas, entes y fundaciones de la Generalitat. El consejero de Economía, Enrique Verdeguer, anunció el viernes pasado que ya disponía del decreto, pero no quiso darlo a conocer alegando que el texto íntegro del mismo, aprobado por el Consell, se publicaría en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el lunes 3 de octubre. El DOCV, sin embargo, no recogía en su edición de ayer el decreto, pese a lo dicho por Verdeguer. Fuentes de la Consejería de Economía achacaron el retraso a cuestiones burocráticas, sin dar más explicaciones, e indicaron que se publicará en breve.

El decreto ley es la pieza angular de la reestructuración del sector público valenciano, que se realizará a lo largo de 2012 y con la que Economía pretende dejar de gastar, al menos, 400 millones de euros. De este ahorro, 150 procederán de un recorte del 40% en los gastos de funcionamiento y los otros dos tercios, de los capítulos restantes, incluido el de personal.

Corporación pública

El nuevo marco legal, que implica la creación de una Corporación Pública Empresarial Valenciana, refuerza el control financiero sobre las empresas de la Generalitat que arrastran más de 5.000 millones de deuda. Las entidades que no cumplan los objetivos presupuestarios fijados por la Consejería de Economía se tendrán que someter a un plan de saneamiento.

Igualmente, las entidades que tengan problemas de liquidez tendrán que realizar un plan de pagos a proveedores. Este sector público, según las explicaciones facilitadas por el propio Verdeguer, no podrán tener a su servicio personal eventual y los salarios de sus directivos se tendrán que homologar a los de los altos cargos de la Administración valenciana.

Las normas del decreto aprobado, pero que no entrará en vigor hasta su publicación en el

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DOCV, afectan a las 75 entidades, aunque no todas se integrarán en la corporación, ya que se excluyen Ràdio Televisió Valenciana y la Agència Valenciana de Turisme.

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