Gipuzkoa justifica a su portavoz tras reclamarle que devuelva 5.000 euros
Martin Garitano y el diputado de Política Social arropan hoy a Larraitz Ugarte
La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, tiene plena confianza en su portavoz y diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, a quien la propia institución foral reclama ahora a través del Boletín Oficial de Gipuzkoa que devuelva cantidades de la Renta de Garantía de Ingresos que cobró "indebidamente". Ugarte comparece esta mañana ante los medios de comunicación arropada por el diputado general, Martin Garitano, y el titular de Política Social, Ander Rodríguez, para dar "las explicaciones pertinentes", según fuentes forales, sobre la información adelantada por EL PAÍS el pasado sábado.
La diputada ha sido requerida de forma oficial para que devuelva menos de 5.000 euros que cobró de la antigua renta básica, según confesó la propia responsable foral. Tras la reunión semanal de su consejo, la Diputación guipuzcoana cerrará hoy filas en torno a Ugarte, quien tiene previsto dar "detalles" de su "expediente completo", según las citadas fuentes.
El PNV considera "frecuentes" casos como el que afecta a la diputada
El PP no se pronunciará hasta oír las explicaciones de Ugarte
El Boletín Oficial de Gipuzkoa del pasado viernes señalaba: "Habiéndose intentado la notificación directa a la persona [Larraitz Ugarte], sin que haya sido posible practicarla por causas ajenas a esta Administración foral, se publica el presente anuncio", por el que se le exige comparecer en las oficinas del Departamento de Política Social para que reintegre las cantidades citadas. Inicialmente, la Diputación le reclamó más de 10.000 euros, cifra que se vio reducida en "algo más de la mitad" de esa cifra tras un recurso interpuesto por la afectada.
La portavoz foral sostiene que no ha cometido "ningún fraude" porque se benefició de unas ayudas sociales que le "correspondían" cuando hace unos cinco años puso en marcha un despacho de abogada en Mondragón. En esas fechas tenía que mantener sola a su hija recién nacida porque el padre de la niña "estaba en la cárcel". La prestación le fue otorgada con el visto bueno del Ayuntamiento de Oñati, donde reside, y de la Diputación, recordó Ugarte.
Los cerca de 5.000 euros que ahora tiene que reembolsar corresponden a las actualizaciones que le practicó Administración foral en función de sus ingresos cuando cobraba el subsidio básico, un procedimiento que resulta habitual en muchos expedientes de este tipo. La reclamación por el "cobro indebido", según la versión ofrecida por Ugarte, responde a un "error administrativo" que "en ningún caso" es imputable a su persona, sino a la propia Diputación. La portavoz foral, en el cargo desde el pasado 30 de junio, aseguró que el requerimiento publicado en el Boletín oficial "no es más que la respuesta a un recurso" interpuesto por ella misma y, por lo tanto, se trata de un procedimiento oficial. También precisó que ella no recibió la notificación y, en consecuencia, desconocía lo que haya podido decidir la institución a la que ahora representa. "Está claro que algo no ha funcionado bien", admitió Ugarte en un comunicado difundido el pasado sábado por la institución foral. En todo caso, criticó la "dura campaña" que se ha orquestado en su contra, así como "la actitud de quienes han querido sugerir que un mero procedimiento administrativo es un fraude".
Nada más conocerse esta noticia, la portavoz socialista en las Juntas Generales, Rafaela Romero, anunció que su grupo iba a solicitar una comparecencia urgente de la diputada porque, a su juicio, Ugarte "no tiene el perfil de una persona que se haya encontrado en una situación de exclusión social".
El PNV, principal partido de la oposición, no quiso ayer entrar a comentar este asunto con el argumento de que situaciones como la que afecta a la diputada foral "son frecuentes". Esta formación indicó que son los técnicos quienes certifican si se concede o no la Renta de Garantía a un solicitante. El PP ha decidido "actuar con prudencia", de modo que solo se pronunciará al respecto cuando la portavoz foral ofrezca sus explicaciones ante la Cámara provincial.
10.000 familias
- Cerca de 10.000 hogares reciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Gipuzkoa. Los perceptores se redujeron en esta provincia en 2010 en un 8,3% con respecto a 2009.
- En marzo de 2011, el Gobierno vasco pagaba esta ayuda social, la principal del sistema de protección, a un total de 10.186 familias, lo que supone un coste de cuatro millones de euros mensuales.
- El Ejecutivo destinó el año pasado un total de 314,8 millones a esta ayuda en toda Euskadi, 33 millones más de los presupuestados en un inicio. La Renta de Garantía, al igual que el complemento de vivienda, es un derecho exigible por ley, por lo que si un solicitante cumple con los requisitos, el Gobierno debe poner recursos para pagarle, incluso si se ha agotado la partida económica.
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