Anticorrupción en Brasil

Mientras esperaba mi vuelo a Brasil en Miami la semana pasada, leí un artículo de los diarios brasileños denunciando que el ministro de Turismo estaba usando indebidamente a un empleado gubernamental como chófer privado de su esposa. Para el momento en que llegué a Brasilia, siete horas más tarde, el ministro ya había sido despedido. Qué diferencia con lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos. Era la quinta vez que la presidenta Dilma Rousseff destituía a un ministro desde que asumió su cargo en enero. Casi todos renunciaron bajo presión tras investigaciones periodísticas de supuestos delitos de corrupción.

No estamos hablando de desvíos de millones de dólares de fondos gubernamentales a cuentas privadas en el exterior, como los que cada tanto revelan los medios no oficialistas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, en cambio, Rousseff parece tener poca paciencia con todo tipo de actos indebidos. Anteriormente, Rousseff había despedido a su ministro principal, Antonio Palocci, así como al exministro de Agricultura Wagner Rossi y al exministro de Transporte Alfredo Nascimento, en medio de denuncias de corrupción.

Algunos presidentes deberían seguir a Rousseff y despedir a los corruptos

La cruzada de la presidenta está contribuyendo a mantener su índice de popularidad relativamente alto, del 49%, y está alimentando la especulación de que se ha producido una grieta en la relación entre ella y su mentor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Varios de los ministros depuestos habían trabajado para Lula. Aunque Lula sigue siendo muy popular y se rumorea que quiere ser candidato presidencial en 2014, muchos empiezan a preguntarse por qué el expresidente no actuó con igual firmeza cuando salían a la luz acusaciones de corrupción.

Lo más interesante es que Rousseff está actuando en base a acusaciones de los medios. Mientras otros gobiernos suelen acusar a los medios independientes de tener motivaciones políticas y antipatrióticas cuando informan sobre casos de corrupción gubernamental, Rousseff toma muy en serio los informes periodísticos creíbles y actúa en consecuencia.

En Ecuador, en cambio, el presidente Rafael Correa arremetió contra los medios independientes después de que estos informaran de que su hermano Fabricio Correa había firmado contratos con su gobierno por más de 300 millones de dólares. Incluso después de que su hermano confirmara la existencia de esos contratos, el presidente convocó a un referéndum nacional para controlar a los medios, acusándolos de "secuestrar" a la opinión pública con métodos "criminales".

En Argentina, la noticia del día es la malversación de una parte de los 160 millones de dólares que el Gobierno Cristina Fernández de Kirchner entregó al autodenominado grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo para un plan de construcción de viviendas, pero el Gobierno parece más empeñado en culpar a los medios que informaron sobre el hecho que en indagar si sus funcionarios cometieron delitos.

En Venezuela, la cada vez más amordazada prensa independiente ha revelado que el Gobierno de Hugo Chávez ha desviado miles de millones de dólares, pero la reacción del presidente ha sido culpar a los medios no oficialistas de ser "agentes de la CIA".

Mi conclusión: Se podría argumentar que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio justo y que Rousseff está actuando precipitadamente al despedir a sus ministros cuando no pueden ofrecerle explicaciones convincentes sobre acusaciones periodísticas de actos corruptos. Pero eso es mejor que lo que está ocurriendo en varios países vecinos, en que los presidentes hacen la vista gorda, y ayudan a crear una cultura del vale todo. En vez de acusar a los medios, esos presidentes deberían seguir el ejemplo de Rousseff, y despedir a los funcionarios que no merezcan la confianza de la sociedad.

aoppenheimer@elnuevoherald.com