Guerra de lindes entre Cataluña y Aragón

Un viejo litigio de lindes amenaza con resquebrajar las buenas relaciones que históricamente han existido entre los habitantes de Lleida y de la zona oriental de Huesca. La línea divisoria provincial nunca ha estado clara y ahora el Ayuntamiento de Almacelles (Segrià) acusa a sus vecinos oscenses de Altorricón y Tamarite de Litera de apropiarse de unas 100 hectáreas de terrenos agrícolas que el Consistorio leridano considera que son suyos.

El conflicto, que va camino de acabar en los tribunales, se remonta a hace más de treinta años cuando Almacelles denunció que la línea fronteriza entre Cataluña y Aragón no se correspondía con la que el Instituto Geográfico y Catastral (hoy Instituto Geográfico Nacional) estableció en 1925. La delimitación entre ambos territorios quedó marcada en 1305, por decisión del rey Jaume II, por el curso de La Clamor Amarga, un río que nace en la localidad de Albelda y desemboca en el Cinca.

El terreno en litigio era una zona pantanosa desecada en 1945

La ribera occidental de este arroyo, que en algunos puntos tenía más de 500 metros de anchura, fijaba los confines de Cataluña. En 1945, el río fue canalizado por su parte más profunda y pasó a tener entre 12 y 15 metros. Con el paso del tiempo las partes pantanosas se fueron desecando y una veintena de agricultores que tenían fincas en ambas márgenes lo aprovecharon para ocupar los terrenos liberados. La situación todavía perdura.

El problema se ha agravado porque los agricultores aragoneses han inscrito el terreno en el Catastro de Huesca. "Esta situación no puede prolongarse. Por eso acudiré a un juez y que sea él quien decida sobre esta cuestión. Si dice que los terrenos ocupados son de Cataluña, somos nosotros los que tenemos que cobrar la contribución. No queremos invadir a nadie", señala el alcalde de Almacelles, Josep Ibarz (CiU).

El Consistorio leridano ha reclamado sin éxito dos veces los terrenos. El alcalde asegura que la Generalitat respalda la demanda del Ayuntamiento de Almacelles, sustentada en una resolución del Instituto Cartográfico Nacional, mientras que la postura del Catastro General y del Gobierno aragonés ha sido la de guardar silencio. "Nadie se ha dirigido a nosotros para pedir cartografía ni nada relacionado con ese conflicto de lindes", afirman desde la Diputación General de Aragón.

"No queremos invadir a nadie ni ampliar fronteras", añade el edil leridano, "sino regularizar una situación que es anómala y que hace mucho tiempo que dura. Por eso, si el juez nos da la razón, ofreceremos a los agricultores que trabajan esas tierras la posibilidad de comprarlas".

Almacelles reclama unas 100 hectáreas. Los municipios aragoneses demandados dicen que Almacelles se ampara en derechos históricos para reclamar la propiedad de unos terrenos que, según ellos, están en territorio aragonés, por lo que no aceptan modificar los límites. Como máximo están de acuerdo en que la disputa de los límites debe solucionarla el Estado, indica Salvador Plana, alcalde socialista de Altorricón.

Uno de los afectados por la demanda, que prefiere mantenerse en el anonimato, se muestra indignado por la actuación del alcalde de Almacelles, a quien acusa de jugar "sucio". Este agricultor, que ha puesto el caso en manos de un gabinete de abogados, explica que desde hace años cultiva en régimen de arrendamiento 13,5 hectáreas y que cuando intentó negociar su compra la respuesta del Consistorio leridano fue sacar a subasta las tierras arrendadas y otras que son de su propiedad. "Las cosas", remata, "no son como dice el Ayuntamiento, que juega a la confusión para apropiarse de fincas que no son suyas para sanear la economía municipal".

El conflicto de límites se ha visto empañado también porque el Ministerio de Fomento retiró el cartel que indicaba la entrada en Cataluña por la nueva autovía A-22, un hecho que Ibarz atribuye a presiones de los alcaldes de Altorricón y Tamarite de Litera. La señal estaba colocada a 218 metros de La Clamor en dirección a Huesca y en el lugar han quedado como testimonio tres postes.

"Estos pueblos", explica el alcalde leridano, "están empeñados en que la frontera sea otra distinta que la que determinó el Instituto Geográfico Nacional en 1925, pero la ley está de nuestro lado", asegura.