Valor simbólico y económico

La geografía es tozuda. El Guadalquivir es andaluz, pero solo en un 90,2%. El 9,8% restante de la cuenca se extiende por otras tres comunidades: Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.

Los políticos también son tozudos. Desde mediados de la década pasada, la Junta de Andalucía está empeñada en asumir las políticas hidráulicas de ese 90,2% de la cuenca. El Gobierno andaluz, en manos del PSOE, se ha dado de bruces con el artículo 149.1 de la Constitución española, donde se establece que es una competencia exclusiva del Estado "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas [de un río] discurran por más de una comunidad". El Tribunal Constitucional entendió en marzo que la asunción de las competencias sobre el Guadalquivir que se recoge en el nuevo Estatuto andaluz vulneraba este artículo. Partiendo de este pronunciamiento, el Supremo anuló el traspaso a la Junta que el Gobierno central hizo en 2009.

Los socialistas andaluces vuelven a coger la bandera reivindicativa del Guadalquivir

Pese a las sentencias, la Junta insiste. Sus planes pasan por recibir ahora la gestión de algunas funciones a través de la rápida reforma de la Ley de Aguas. Para el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 20-N (previsiblemente del PP), la Junta ya tiene lista su reivindicación. Todos los partidos con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, IU y, con matices, el PP) han respaldado la tramitación de una proposición de ley en la que se reclama que el Estado vuelva a delegar casi las mismas competencias que la comunidad tenía hasta la sentencia del Constitucional.

Este empecinamiento de los socialistas andaluces responde a razones reales y simbólicas. Por un lado, la agricultura tiene un gran peso económico en Andalucía. La política agraria de la UE, que premia la producción frente a la superficie, ha provocado una enorme expansión del regadío. Y el Guadalquivir es el principal sostén para 849.243 hectáreas de este tipo de cultivo. La Junta aspira a mantener la concesión de esos recursos hídricos.

Pero la reivindicación del Guadalquivir también tiene un valor simbólico. La Junta recurre al imaginario colectivo al insistir en que este es "el gran río andaluz". Si en la reforma del Estatuto catalán la clave fue la inclusión de la palabra "nación", en el caso del andaluz el Guadalquivir fue la bandera reivindicativa que se incorporó. El Estatuto fue aprobado por PSOE, PP e IU en Andalucía y refrendado en el Congreso de los Diputados en 2006 con el respaldo de todos los grupos, salvo BNG y EA, que se abstuvieron.

Tras el fallo del Constitucional, los socialistas vuelven a coger esa simbólica bandera. La agitarán ante el Gobierno que salga tras el 20-N. Durante la campaña de los comicios regionales, que previsiblemente serán en marzo, buscarán poner en un brete al PP al intentar que se retrate sobre la complicada delegación de competencias.