Aguirre saca a la policía autonómica del baúl

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebró ayer la vuelta al trabajo con el amago de crear una policía autonómica ante la, a su juicio, "inacción" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las acampadas de los indignados del 15-M y con los manifestantes de la marcha laica. Aguirre recoge así el testigo del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que el martes pasado anunció que su partido se planteaba pedir al Ejecutivo una policía autonómica como medio para "restablecer el Estado de derecho" si la Delegación del Gobierno no garantiza el orden y la seguridad.

La medida, lejos de ser nueva, es una vieja reivindicación de la presidenta del Gobierno regional. Una suerte de amenaza recurrente para convertirse en protagonista de la escena política y reavivar el populista debate sobre seguridad en tiempos de precampaña.

Camacho rechaza la propuesta y defiende la labor de los agentes en Sol

El Ministro del Interior, Antonio Camacho, respondió ayer que el planteamiento de crear una policía autonómica "no es de recibo" en momentos en que se está "poniendo en peligro la educación y la sanidad". Camacho defendió los criterios de "prudencia y responsabilidad" de los agentes y recordó que el dispositivo de la puerta del Sol fue mixto: contó con policías nacionales pero también municipales.

En 2003 Esperanza Aguirre, que entonces concurría por primera vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid, declaró: "Estoy absolutamente decidida a volcarme en la seguridad. Quiero hacer de Madrid la comunidad más segura de España y para ello no descarto ningún medio", incluyendo la creación de una policía autonómica. Entonces, al igual que ahora, la puesta en marcha de un cuerpo de seguridad autonómico implicaba acometer un cambio del Estatuto de Autonomía que permitiera al Gobierno regional contar con unas fuerzas del orden propias.

La ambiciosa promesa de hacer de la región la más segura de Europa se quedó en la puesta en marcha, en mayo de 2004 -165 días después de ganar las elecciones autonómicas-, de un descafeinado cuerpo, las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam), que tuvieron que ser reformuladas varias veces para mitigar el rechazo que suscitaron no solo entre la oposición sino también dentro del Gobierno nacional del PP. Tanto que el que fuera ministro del Interior, Ángel Acebes, rechazó que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se integraran en las Bescam.

Las nuevas brigadas se convirtieron en una especie de policía local subvencionada por la Comunidad y gestionada por los Ayuntamientos para los municipios de más de 25.000 habitantes. Una iniciativa fallida que se ha convertido en un quebradero de cabeza más para la frágil financiación de los gobiernos locales, que desde 2009 tienen que sufragar parte de los gastos derivados del servicio como la gasolina de los vehículos o el coste de los uniformes.

Ante el fracaso de la propuesta, Aguirre rescató otra vez en 2005 la creación de una policía adscrita al Gobierno regional como una de las tres nuevas competencias, junto a la gestión de Cercanías y la división de la región en 12 circunscripciones electorales, a incluir en el nuevo estatuto autonómico.

En ese momento el PP aseguró que los agentes adscritos tendrían por objeto combatir la violencia machista, los delitos medioambientales y realizar tareas de policía de barrio. Ahora la policía autonómica que reclama Aguirre pretende frenar las protestas de los indignados como hicieran los Mossos d'Esquadra en Cataluña.

Pero, una vez más, el anuncio de la presidenta es una pirueta. Si el pasado mes de mayo, a dos semanas de la cita electoral del día 22, proclamó que fomentaría la dación en pago (entregar la vivienda para cancelar la hipoteca), esta vez defiende un cuerpo que responda con mano dura a los indignados. En ambos casos la propuesta se queda en palabras porque el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid no contempla la existencia de una policía autónoma. Tampoco tiene las competencias en materia hipotecaria.