Los inspectores también cuestionan la eficacia de las 20 horas lectivas

Son los vigilantes de la norma, los que custodian el buen funcionamiento de colegios e institutos públicos de la Comunidad. Madrid cuenta con 160 inspectores educativos que controlan cómo se desarrolla la vida docente en la región. Y tampoco ellos están de acuerdo con el cambio que ha aplicado el Gobierno de Aguirre para el nuevo curso, que supondrá pasar de 18 a 20 horas lectivas por profesor en secundaria. Los inspectores alertan de que este cambio mermará la calidad de la educación que reciben los alumnos, dificultará el funcionamiento de los centros y supondrá un aumento del fracaso escolar, el gran caballo de batalla.

El pasado miércoles, la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, anunció que enviará a los inspectores a principios de curso a los institutos de la región para que se aseguren de que los profesores están impartiendo las asignaturas que les corresponden según la normativa. Para empezar, replican que no es que Educación les envíe: controlar horarios y asignaturas al inicio del curso escolar está ya entre sus tareas ordinarias.

El PSM exige la retirada de las instrucciones para Secundaria

Los inspectores alertan del riesgo de que aumente el fracaso escolar

La presidenta avivó ayer el fuego de la polémica con los docentes con un nuevo mensaje. "Confío en los profesores", dijo al ser preguntada sobre la posibilidad de que el sector arranque el curso con una huelga el próximo 14 de septiembre. "Sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial, pero 20 horas son en general menos de las que trabajan el resto de los madrileños". Veinte horas de clase (frente a las 18 actuales) no son las horas de trabajo de un profesor de la enseñanza pública, que destina en total 37,5 horas semanales a su profesión, como cualquier otro funcionario. Según los inspectores, la ampliación de horario aplicada por el Gobierno regional es una interpretación "torticera" de la normativa.Las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los institutos de secundaria, aprobadas en 1994 por el Ministerio de Educación y reformadas en 1996, establecen que los profesores impartirán 18 horas, "pudiendo llegar excepcionalmente a 21 cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo". La Comunidad interpreta que la crisis económica justificaría esa excepción. Los inspectores, igual que los sindicatos que han llevado el cambio a los tribunales, consideran que no.

"El artículo alude a las situaciones específicas de un centro en el que algún profesor pueda tener horas sin asignar para una materia, no a la crisis", considera Marcelino Guerrero, inspector y representante de Comisiones Obreras. "Como norma se aplica por razones organizativas en casos concretos, no para una casuística general", añade Juan José Reina, portavoz de Adide, la asociación mayoritaria del sector. CC OO y UGT (que también está en contra del cambio en las instrucciones de inicio de curso, según fuentes sindicales en la inspección) son los dos sindicatos con representantes en el sector. Este periódico intentó sin éxito contactar con Anies, la otra asociación con voz en el colectivo.

La presidenta Aguirre reiteró ayer que el aumento de horas lectivas y el recorte en docentes interinos no afectarán a la calidad de educación. Los inspectores no opinan lo mismo. Ampliar el horario de clase, aseguran, significa recortar el tiempo que los docentes destinan a las reuniones de departamento, entre tutores y jefes de estudio, o las que se organizan con los grupos de orientación para aplicar medidas concretas a los alumnos más rezagados, además de poner en peligro la organización de las horas de guardia. "Este ajuste dificultará el seguimiento individual de los alumnos", afirma Reina. "Con los profesores casi al máximo de su jornada lectiva será más difícil mantener las reuniones semanales para analizar la evolución de los estudiantes", añade Marcelino Guerrero.

Más allá de dar la lección, los centros destinan también plantilla y tiempo para actividades de refuerzo o desdobles de asignaturas, como dividir la clase de Lengua y Literatura para atender a los estudiantes más rezagados en grupos más pequeños. Reina advierte de que estos refuerzos "van a desaparecer y, si eso ocurre, aumentará el fracaso escolar".

Frente a este modelo de cortar a todos por el mismo rasero, los inspectores recomiendan analizar las necesidades de cada centro y aplicar cambios en función de cada realidad. El aumento de horas lectivas "debería haber ido acompañado de otras medidas que permitieran mantener los desdobles o ajustar el trabajo del docente. Este sistema es un corsé porque los profesores ya están al máximo", añade Marcelino. Ambos sostienen que en los dos primeros años de la ESO, con alumnos de entre 12 y 14 años, es "primordial" el contacto directo con los alumnos para conocer y encauzar su rendimiento. "Estoy seguro de que los profesores habrían estado dispuestos a dar más horas sin presentar oposición, porque algunos ya lo hacen", añade Guerrero. "El problema es que la medida no se ha tomado para beneficiar al alumno, sino para recortar las plantillas", concluye.

Los sindicatos estiman que el recorte de personal supondrá 3.200 docentes menos en las aulas madrileñas, a costa de la reducción de interinos. El PSM, que también maneja las mismas cifras, presentó ayer en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para exigir la retirada de las instrucciones.

Educación ya avanzó que las nuevas medidas no son negociables y en su camino hacia adelante ayer presentó los datos del próximo curso. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, destacó la reducción de 6.625 alumnos en la ESO. Una cifra con la que podría parecer menos dramático el recorte de profesores, si no fuera porque aumentan los estudiantes de bachillerato (6.448) y los de FP (6.669), a los que también tendrán que dar clase las plantillas, más o menos extensas, de los institutos.

Los datos de la Comunidad revelan también una pérdida de 48.000 alumnos en la pública, frente a un aumento de 20.000 en la concertada y de unos 3.500 en la privada. Así, el escenario que presentan las cifras de Educación avalarían la estrategia de recorte de Aguirre bajo la tesis de "a menos alumnos, menos docentes".