Responsabilidades

La comunicación como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la sindicación de las acciones que Sacyr y Pemex mantienen en Repsol abre la puerta a una alteración en el control de una de las más emblemáticas compañías españolas de un sector estratégico como es la energía. La constructora posee un 20% del capital y la petrolera, propiedad íntegra del Estado mexicano, un 4,87%. En virtud del acuerdo, esta última se compromete a compras adicionales hasta el 9,8%, de forma que entre ambas rocen el 30%, sin alcanzarlo para eludir así la obligación de lanzar una opa. Los demás accionistas corren así serio riesgo de quedar supeditados a la voluntad de estos dos aliados.

La primera decisión que previsiblemente quieren adoptar es alejar al actual presidente, Antonio Brufau, de la máxima posición ejecutiva de la compañía. A partir de ahí, podrán adoptarse otras decisiones de escaso vuelo estratégico, fundamentalmente la conversión en liquidez de algunos activos o inversiones, según convenga a los aliados. Eso atañe en especial a Sacyr, el inversor más importante y más endeudado, que compró su paquete en Repsol íntegramente con deuda bancaria.

Las dificultades de la constructora para financiar esa deuda explican las presiones para que Repsol genere dividendos líquidos. Brufau no solo está enfrentado a su principal accionista sino que sufre el alejamiento de Pemex, que se había mantenido durante 20 años sin cuestionar nada. El silencio con que La Caixa, otro de los accionistas de referencia, con un 12,8%, ha recibido esta alianza se añade al ya discreto apoyo que concedió a Brufau cuando este quiso conseguir una reconfirmación de su posición como presidente. Es importante que esa institución financiera, que ha hecho gala de una política inversora inteligente y favorecedora de los intereses generales, no se quede al margen de esa redistribución del poder en Repsol. Se ha de garantizar que su gestión no se resiente y que no se utilice como mecanismo para resolver problemas en otros sectores o empresas en crisis.

Las autoridades no pueden actuar como en el caso de Endesa, cuando otra empresa pública extranjera fue la que se llevó el gato al agua: esa experiencia es paradigmática del inventario de errores que un Gobierno puede cometer. Por eso, al margen de que la alianza cumpla la normativa, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no puede limitarse a "dar la bienvenida" a la operación y a aceptar de los ejecutivos de estas compañías unas vagas garantías de españolidad. No hay españolidad posible cuando no hay simetría entre las legislaciones mexicana y española en cuanto a apertura a las inversiones extranjeras. Por eso el Gobierno debe velar ante todo para que la empresa resultante de una operación especulativa como esta, si finalmente se consuma, no acabe en el desguace, precisamente gracias a la alianza con una empresa pública de un país que tiene a su petrolera blindada.