Los 'sacos pirata' inundan Barcelona

Un saco para retirar los escombros de una reforma en un piso es más caro en Barcelona que en Montcada i Reixac (Vallès Occidental). En la capital catalana cuesta 43,90 euros; en la población vallesana, 40. Para ahorrarse los menos de cuatro euros de diferencia, que corresponden a la tasa prevista por la Ordenanza de Medio Ambiente de la capital catalana, algunos prefieren violar la ley: compran los sacos en otras poblaciones, los usan en Barcelona y los abandonan en sus calles. La picaresca no presenta riesgo: la multa, finalmente, la paga la empresa cuyo nombre aparece en el saco.

Una de las empresas afectadas por el fraude es Transportes Ester SA, también conocida como "Los sacos marrones", una de las mayoritarias en el sector. Ester acumula entre noviembre de 2010 y febrero de este año casi 1.850 multas, que llenan las páginas del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Presuntamente, la empresa tiene en la calle sacos sin licencia y por eso le adeuda al Ayuntamiento de la capital más de 220.000 euros. Eduard Ester, uno de los propietarios, asegura que las han apelado. Los sacos llevan su nombre impreso, pero probablemente quien los ha usado los compró en un municipio diferente para ahorrarse unos euros. No pagó la licencia en Barcelona, tampoco avisó a Ester para que lo recoja y lo abandonó en la calle.

"Ocurre como con los carteles de publicidad de conciertos que se pegan en los muros de la ciudad: el que paga la multa no es el que los pone, sino el anunciante", explica Jordi Cuixart, gerente del Gremio de Transporte y Maquinaria de la Construcción de Barcelona, que agrupa al puñado de empresas homologadas que se dedican a esta actividad.

Cada municipio tiene diferentes políticas sobre la ocupación del espacio público de los escombros. En Barcelona, por ejemplo, cada saco, que tiene una capacidad máxima de un metro cúbico de desechos, tiene que pagar una tasa. El permiso, que se entrega a la hora de la compra, es un folio de color naranja, con un número de serie y unos datos como dirección y teléfono de contacto del encargado de las obras que, por cierto, pocos completan.

Las empresas del sector tienen diferentes métodos para asegurarse de que el folio naranja no se dañe por el trajín de las obras o porque algún incívico lo arranque. Algunos optan por fijarlo con un sobre de plástico, otros lo hacen con un gancho de metal. La compañía gestora de los residuos se compromete a retirar en 24 horas los escombros. Según Cuixart, este límite se cumple "en el 95% de los casos". Sin embargo, para poder hacerlo necesitan contar con la complicidad del ciudadano o encargado de las obras de reforma, que está obligado a llamar a la empresa cuyo nombre aparece en el saco o contenedor.

Los encargados de hacer velar la Ordenanza de Medio Ambiente recorren las calles y detectan los escombros que llevan más de un día en la vía pública o los que no tienen el papel de la licencia. Una portavoz del Ayuntamiento asegura que los técnicos del área de Medio Ambiente de Barcelona calculan que el 10% de los sacos de la ciudad son irregulares, es decir, no tienen el tique naranja. La multa por no tenerlo a la vista es de 120 euros. Los sacos ilegales no tienen por qué ser los más ajados, ya que muchas empresas los reutilizan y los venden a precios más reducidos. En el caso de los contenedores el control es más fácil, ya que la licencia es una placa metálica.

Tanto Cuixart como Ester dicen que ya tienen programada una reunión con Medio Ambiente de Barcelona para buscar una solución al problema. Una de ellas podría pasar por una homologación de la tasa en el ámbito provincial o metropolitano. El Área Metropolitana de Barcelona ya tiene competencias en la administración de los residuos municipales.

Las empresas que se encargan de la recogida y disposición de los escombros deben tener también una autorización ambiental a la Agencia de Residuos de Cataluña para poder funcionar. No es el único caso en que la empresa gestora de residuos tiene que responder por la actividad de terceros. La compañía está obligada a revisar que dentro de los sacos o contenedores no haya restos de fibrocemento, más conocido como uralita. La presencia de este material nocivo para la salud le implicaría multas. La Generalitat exige que este tipo de escombros sea tratado de una manera diferente.

Con el sistema actual de control, Jordi Cuixart y Eduard Ester no pueden hacer otra cosa que apelar a la responsabilidad y colaboración de sus clientes. "No es justo que por la mala gestión del ciudadano o de una empresa se nos impute algo que no hemos hecho", dice Ester.