Sin Diputaciones

Las Diputaciones provinciales se crearon en el siglo XIX en unas coordenadas históricas muy distintas de las actuales. La Constitucion de 1812 les encomendó la prosperidad de cada provincia, de manera que tras fijarse la división provincial en 1833 estas flamantes administraciones locales "mayores" iniciaron su singladura.

Sin duda las Diputaciones han prestado servicios notables, pero no nos engañemos: no solo no son imprescindibles, sino que desde esa perspectiva de austeridad que destacaba el candidato socialista son necesariamente prescindibles.

Pero es que desde el punto de vista constitucional la supresión de las Diputaciones no tiene que suponer necesariamente la de la provincia. La misma Constitución española permite que el Gobierno provincial sea asumido por las comunidades autónomas para evitar duplicidades. Por lo que las competencias de la provincia -que es lo que sí está constitucionalmente garantizado- se distribuirían entre comunidades autónomas y Ayuntamientos. Hay que recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981 habla en este sentido de que hay que preservar "una institución (la provincia) en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar".

De ahí que al contrario de lo que se dice en el editorial del periódico del día 19 de agosto -con error de cita del artículo 41 de la Constitución- no es preciso una reforma constitucional para suprimir las Diputaciones.

Más valdría no perder el tiempo en debates estériles y ponerse manos a la obra en operaciones realistas: legislar para reordenar estructuras organizativas estériles y duplicadas. Y sobre todo para evitar la cifra del coste anual de las actuales Diputaciones y entes análogos (Diputaciones forales, consejos, Cabildos insulares) en 22.00 millones al año.