Sanidad pretende ahorrar otros 2.400 millones si se receta por principio activo

El Gobierno pretende que las comunidades ahorren otros 2.400 millones en la partida que dedican para pagar los medicamentos con receta que venden las farmacias. Esta nueva vuelta de tuerca al sector probablemente más controlado -los datos se saben mes a mes- se quiere conseguir obligando a los médicos a prescribir por el nombre de la molécula que cura (el principio activo), en lugar de hacerlo por la marca del producto. Por poner un ejemplo, ya no podrán indicar a un paciente que tome Losec, el conocido protector gástrico de AstraZeneca, sino que tendrán que indicar al paciente que tome omeprazol. Y, con ese documento, el farmacéutico estará obligado a dispensar el producto con esa composición más barato del mercado.

La medida supone rebajar un 20% el gasto en medicamentos

Esta es la medida principal del paquete aprobado ayer en el Consejo de Ministros, que tiene otros componentes, como que en cuanto aparezca un genérico de un fármaco (su versión hecha por un laboratorio una vez que el producto original pierde la patente) será el más barato el que habrá que dispensar.

También se ha decretado una rebaja del 15% para los productos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un genérico.

El objetivo de ahorro es ambicioso. De agosto de 2010 a julio de 2011 -último mes con datos- el gasto farmacéutico de las comunidades (abonado o no, que ese es otro asunto) fue de 11.444 millones de euros. Rebajarlo en 2.400 millones supondría un recorte del 20%, que habría que sumar al 9% interanual en que esta partida está descendiendo actualmente gracias a las medidas del año pasado, como la rebaja de un 7,5% de los precios y una aplicación más estricta del sistema de precios de referencia, que ahora es el más barato de los productos equivalentes y no la media de los tres de menor importe como era hasta ahora.

Lógicamente, esta menor facturación repercute en toda la cadena que empieza en los laboratorios, pasa por las empresas de distribución y termina en las oficinas de farmacia. El reparto viene a ser aproximadamente del 60% para los fabricantes de medicamentos, del 5% para quienes los reparten y del 27% para los que los venden.

Precisamente para evitar poner en más apuros a los farmacéuticos con establecimientos pequeños (los que atienden a poblaciones de menos de 2.000 habitantes), el Gobierno va a establecer una serie de compensaciones que les ayudan a mantenerse abiertos.

Esta compensación se repartirá en función de su facturación mensual, y consistirá en un incremento de su margen de beneficio. Cada uno de estos establecimientos podrá recibir en total hasta 10.000 euros al año (833 al mes) que estarán vinculados a su colaboración con los programas que se pongan en marcha para el uso racional de los medicamentos. Los criterios a aplicar en cada caso los dictarán las autoridades competentes (las comunidades), indica la nota de prensa del Consejo de Ministros. Los datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos indican que hay unas 7.500 oficinas que facturan menos de 33.000 euros al mes. Entre ellas estarán las beneficiarias.