La juez absuelve a los imputados por el asalto al Rectorado en 2002

Los 23 estudiantes que protagonizaron en febrero de 2002 las protestas en la Universidad de Sevilla contra la Ley Orgánica de la Universidad (LOU) han sido absueltos, nueve años y medio después, por la juez del Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla. Los procesados estaban acusados de los delitos de desorden público y daños, así como del pago conjunto y solidario de una indemnización de 37.494,34 euros a la Universidad de Sevilla. La sentencia absolutoria, dictada por la magistrada Rosa María Fernández Vadillo, declara "más que difícil" la identificación de los 23 acusados y, por lo tanto, la imposibilidad de probar que las identidades de los procesados correspondan con los autores que en 2002 protagonizaron los disturbios en el Rectorado. El abogado de cinco de los acusados, Luis Ocaña, asegura que las labores de identificación fueron "una chapuza policial", puesto que la policía empleó ficheros "secretos" para esta labor, por lo que la juez no tomó en cuenta esta prueba. "Había dos o tres fallos clamorosos en las identificaciones de los acusados, incluso algunos de los estudiantes presentaron justificantes que les situaban en otro lugar en la mañana del suceso", explica Ocaña.

Cinco de los 23 estudiantes fueron expulsados de la Universidad

El asalto al Rectorado fue el nombre que los medios atribuyeron al episodio de las protestas estudiantiles contra la LOU del 8 de febrero de 2002. Un proceso de casi diez años al que, por ahora, pone punto y final esta sentencia, puesto que todavía puede recurrir la Fiscalía. Medio centenar estudiantes concentrados en el patio del rectorado de la Hispalense pretendían hacer llegar al entonces rector, Miguel Florencio, un comunicado que manifestaba su oposición a la polémica ley. Ante el intento de disipación por parte de los vigilantes de seguridad, los estudiantes irrumpieron por la fuerza en el interior del edificio portando palanquetas y barras de hierro, y vaciando los extintores contra los guardias, según se detalla en la sentencia. Como consecuencia, se causaron "múltiples desperfectos" en varias puertas, que fueron reparados por los servicios de mantenimiento de la Universidad. Varios estudiantes fueron detenidos por estos hechos.

De los 23 implicados, cinco fueron expulsados de la Universidad a petición del catedrático de Derecho Romano, Fernando Betancourt, al rector. Uno de los estudiantes, Manuel Bernabé, cursaba en ese momento 5º de Pedagogía. Tenía un buen expediente académico y tuvo que devolver el dinero que había recibido en concepto de becas a lo largo de su trayectoria académica. Su abogado ahora se plantea tomar medidas y solicitar la nulidad de expulsión, además de abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la Universidad de Sevilla para obtener una indemnización por los daños y perjuicios.

La expulsión de los cinco estudiantes fue entonces muy sonada. El Movimiento de Acción y Participación Universitaria (MAPU), calificó esta medida como "injusta y desproporcionada", al estar abierto un proceso penal al que tendrían que enfrentarse por los mismos hechos y, por lo tanto, no entendían que los alumnos tuvieran que "pagar dos veces por el mismo delito".