La resaca del 'tsunami'

El pasado 11 de marzo, Japón sufrió el mayor terremoto desde que comenzó a registrar datos hace 140 años. El temblor, de intensidad 9 en la escala Richter, fue seguido de un tsunami que penetró hasta 10 kilómetros tierra adentro y devastó la costa noreste del archipiélago. 15.687 personas murieron y 4.757 desaparecieron, según los datos oficiales del pasado martes. El maremoto dañó gravemente la nuclear de Fukushima 1, que continúa emitiendo radiactividad, aunque los técnicos han realizado grandes avances para estabilizarla. La planta está 240 kilómetros al norte de Tokio.

Mientras tanto, la población tiene que hacer frente a las medidas de ahorro energético y la crisis provocada por la contaminación de algunos alimentos. El Gobierno autorizó la semana pasada la creación de un fondo de dos billones de yenes (18.400 millones de euros) para ayudar a Tokyo Electric Power (Tepco) -la compañía propietaria de la central- a pagar compensaciones a las víctimas. El Gobierno quiere modificar el modelo energético para potenciar las renovables. Este es el estado de la crisis.

Los casos de alcoholismo y los suicidios se han disparado

El Gobierno gastará 174.800 millones para hacer frente a la catástrofe

- La central. El terremoto y el tsunami desactivaron los sistemas de refrigeración de Fukushima 1 y desencadenaron la fusión parcial de tres de sus seis reactores y varias explosiones. La planta continúa soltando radiación. Tepco está trabajando para limpiar y reciclar el agua utilizada durante las labores de refrigeración de emergencia y ha comenzado los trabajos para cubrir el edificio del reactor número 1 y detener la fuga de radiactividad. A mediados del mes pasado, fue instalado un sistema de refrigeración para enfriar los reactores.

La semana pasada, Tepco dijo que había detectado algunas zonas en la planta con niveles de radiación letales, pero aseguró que mantiene el objetivo de llevar los reactores a parada fría -estado en el que el uranio en el núcleo ya no hace hervir el agua utilizada como refrigerante- para enero. El primer ministro, Naoto Kan, ha asegurado que Japón gastará 19 billones de yenes (174.800 millones de euros) en cinco años para hacer frente a la catástrofe.

- Los evacuados. El desastre forzó la evacuación de 80.000 personas, la mayor parte residentes dentro del área de 20 kilómetros de radio alrededor de la planta. Decenas de miles continúan fuera de sus casas. El Gobierno planea levantar en las próximas semanas las restricciones impuestas a quienes viven en la zona de 20 a 30 kilómetros, cuando compruebe que los sistemas de refrigeración funcionan. Tras la catástrofe, Tokio ordenó a los habitantes de esta área que permanecieran a cubierto y estuvieran listos para evacuarla. Está previsto que el mes que viene comiencen los trabajos de descontaminación en el área de exclusión de 20 kilómetros. El Gobierno pretende que sus residentes puedan regresar a principios del año que viene.

- Seguridad alimentaria. Han sido detectado pescado, marisco, leche, espinacas, brotes de bambú, setas, té y agua de grifo contaminados con cesio y yodo radiactivos en lugares situados hasta 360 kilómetros de la central. El Gobierno ha prohibido la venta de algunas verduras, pescado y leche de Fukushima y otras regiones; ha suspendido los suministros de carne de vacuno de cuatro prefecturas, tras encontrar reses que fueron alimentadas con forraje afectado por la radiactividad. Los precios de la ternera se han hundido. Al menos 14 prefecturas en el norte y este de Japón van a controlar el arroz. La crisis ha diezmado las industrias pesquera y ganadera, y ha disparado el alcoholismo y el número de suicidios.

- Restricciones energéticas. El Gobierno ha impuesto restricciones en Tokio y Tohoku, la región donde se encuentran las prefecturas devastadas por el tsunami, para hacer frente a la escasez de energía. Ha ordenado a las grandes compañías, centros comerciales, edificios de oficinas y organismos oficiales que reduzcan un 15% el uso de electricidad respecto al año pasado. El desastre condujo a la paralización de gran parte de los 54 reactores atómicos del país; 35 siguen detenidos. Las comunidades locales se están negando a que vuelvan a ser puestos en marcha. Antes del accidente, las centrales atómicas suministraban el 30% de la electricidad de Japón.

- Coste político. El Gobierno ha sido muy criticado por la gestión de la crisis, que ha revelado su estrecha conexión con la industria nuclear. Kan ha destituido a tres altos funcionarios -Kazuo Matsunaga (viceministro de Industria), Nobuaki Terasaka (responsable de la agencia de seguridad nuclear) y Tetsuhiro Hosono (director general de la agencia de recursos naturales y energía)-. El propio Kan, que tiene un apoyo tan solo del 18% de la población, tiene previsto dimitir a finales de mes, según la prensa japonesa, pero antes quiere que sea aprobada una legislación que promueva el uso de energías renovables.

- Futuro nuclear. El Gobierno ha advertido que limpiar los efectos del desastre llevará muchos años, y que hasta 2015 no se podrá comenzar a extraer las barras de combustible de uranio de las piscinas de almacenamiento de Fukushima 1. Kan planea crear un nuevo organismo regulador de la seguridad atómica, que endurezca las normativas. El primer ministro dice que la crisis de Fukushima le ha convencido de que Japón debería alejarse de la energía nuclear y algún día renunciar totalmente a ella.