Zapatero se plantea ir al Congreso para adelantarse a la petición de los grupos

José Luis Rodríguez Zapatero no va a tener más remedio que comparecer en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis económica. De hecho, el Gobierno se plantea que el presidente lo haga a petición propia, porque casi todos los grupos parlamentarios son partidarios de que ese pleno se celebre.

Hay diferencias con los plazos y los tiempos, y el Gobierno quiere intentar que el debate no se produzca hasta la primera semana de septiembre. Trataría así de aprobar primero en los Consejos de Ministros del 19 y el 26 de agosto dos decretos con medidas económicas que, semanas después, hay que convalidar en el pleno.

En todo caso, fuentes oficiales del Ejecutivo aseguran que no fijarán su posición hasta la próxima semana. Esa posición vendrá determinada, en todo caso, por la de todos los demás grupos, porque es habitual que ante una postura unánime a favor de la comparecencia el Gobierno se adelante con su propia petición.

El Gobierno trata de retrasar la comparecencia a septiembre

Lo máximo que puede intentar el Gobierno es aplazar el pleno hasta septiembre. Fuentes del PSOE explican que convocar un pleno extraordinario en agosto, mes inhábil en el Parlamento, tiene el efecto positivo de lanzar el mensaje a los ciudadanos de que los políticos están al frente de la situación, pero el inconveniente de dar impresión de emergencia y excepcionalidad a los mercados, además de permitir que estos visualicen las discrepancias entre los partidos.

También tiene el problema de que pueda apreciarse una cierta debilidad del Ejecutivo, sin que se hayan convocado oficialmente las elecciones del 20-N, porque todos los partidos mantienen una posición crítica con el Gobierno en las últimas semanas, con distintos tonos y argumentos.

Por eso, Zapatero optó por mantener conversaciones reservadas con todos los portavoces en los peores momentos de la crisis de la deuda, pidiéndoles que contribuyeran a transmitir confianza en la economía española. El Gobierno mantiene, además, que aunque la situación tardará en estabilizarse hay que esperar a que acabe agosto, porque es un mes especialmente proclive para los especuladores, debido a que se producen pocas operaciones financieras y, por tanto, tiene un alto grado de volatilidad. En principio, el primer pleno será el 13 de septiembre, pero podría adelantarse a la primera semana de mes.

Por el momento, todos los grupos son favorables a la comparecencia, aunque con matices. Así, el PP ya ha formalizado la petición para que se produzca con carácter urgente. Su solicitud tendrá que ser debatida en la Diputación Permanente del Congreso, previsiblemente la próxima semana.

El PNV, según explicaron fuentes de su Grupo Parlamentario a este periódico, es partidario de que se produzca una comparecencia del presidente lo antes posible. No ha formalizado su petición, pero espera que sea el Gobierno el que la pida. Hace una semana, incluso, barajó la posibilidad de pedir la convocatoria de la Diputación Permanente, pero no llegó a formalizarla.

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU, también es partidario de celebrar "cuanto antes" el pleno monográfico para que el presidente del Gobierno explique la situación de la deuda y las medidas que sea posible adoptar de forma inmediata, antes de la disolución oficial de las Cortes. Duran ha mantenido en los últimos días una posición muy dura contra Zapatero, acusándole de quedarse "de brazos cruzados" ante la crisis de la deuda, y llegó a sumarse a la petición del PP de anticipar aún más las elecciones previstas para el 20 de noviembre.

Joan Ridao, portavoz de ERC, considera que los acontecimientos se suceden con tal rapidez que hacen que la comparecencia sea necesaria pero no tan urgente como pretende el PP.

Y Gaspar Llamazares (IU) echa de menos que no haya sido el propio Gobierno el que haya pedido antes la comparecencia de Zapatero o de la vicepresidenta primera, Elena Salgado. Al no hacerlo, el diputado de Izquierda Unida está dispuesto a votar a favor de la petición del PP cuando la plantee en la Diputación Permanente. El Gobierno tiene previsto abrir la próxima semana el diálogo con los grupos cuyos votos o abstención necesita para convalidar los decretos que apruebe en los próximos Consejos de Ministros.