Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un exalcalde de Navacerrada permitió a sus hermanos unas obras ilegales

Un juez obliga al Ayuntamiento de la localidad a abrir un expediente

La inacción del Ayuntamiento de Navacerrada ante un vertido ilegal de tierras en una finca propiedad de los hermanos y del propio exalcalde de esta población, Pablo Jorge Herrero, del PP, puede costar caro ahora al Consistorio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento que abra expediente y, en su caso, retire de inmediato el descomunal vertido de tierras hecho sobre una finca del exalcalde y sus hermanos sin que el Consistorio, regido entonces por Herrero, moviera un dedo para impedir la ilegalidad.

El vertido de tierras se hizo sin permiso municipal y desoyendo el exregidor y demás ediles las denuncias de un vecino de Navacerrada, el abogado Ramón Mesonero, sobre esta ilegalidad. El letrado acabó presentando una demanda en los tribunales ante el constante "silencio administrativo" con el que respondía el Ayuntamiento a sus denuncias. Según vecinos del municipio, la intención del alcalde y sus hermanos era verter tierras en esa finca, protegida y cercana a un río, para elevarla y equiparar su altura a la de una carretera adyacente, con vistas a hacer algún negocio en el futuro.

La sentencia del Juzgado arremete contra el que fuera alcalde de Navacerrada hasta los comicios de mayo de este año, pues fue durante su mandato cuando se efectuó el vertido ilegal de tierras sin la preceptiva licencia municipal. La finca en cuestión se halla en la confluencia de la calle de los Robles con la carretera M-606 y tiene la calificación de "suelo no urbanizable de protección", según indica la sentencia.

Convencido de que la inacción municipal se debía al propio alcalde Herrero (el PP no lo renovó como candidato en las pasadas elecciones), ante la falta de respuesta del Consistorio a sus peticiones, Mesonero presentó una demanda contra el Ayuntamiento y el alcalde. El juzgado le da ahora la razón. El magistrado, José Luis Sánchez-Crespo, da por sentado que la finca en cuestión pertenecía a la familia de Herrero (y ahora también a él) y que el Ayuntamiento "no llevó a cabo ninguna actuación" ante la denuncia de Mesonero pese a que el vertido de tierras realizado "requiere de licencia municipal".

La sentencia señala: "Los servicios municipales, al tener conocimiento de la información que les había aportado el hoy recurrente (...) debieron proceder a su paralización y a solicitar a los responsables que instasen a la legalización de las actuaciones que llevaban a cabo sin licencia".

El juez exige al Consistorio que abra el oportuno expediente "a fin de proceder a la reposición de la legalidad urbanística [retirada de los escombros] en caso de no resultar legalizables" los movimientos de tierra efectuados. La patata caliente la tiene ahora la actual alcaldesa, también del PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de agosto de 2011