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La crisis financiera

La gran empresa deberá pagar más a cuenta por el impuesto de sociedades

La CEOE asegura que la medida mermará la capacidad de financiación

La idea repentina de cambiar los pagos del impuesto de sociedades para cuadrar las cuentas del Estado en 2011 obligará a las empresas a rehacer sus planes fiscales de aquí a final de año. Las grandes compañías deberán ingresar entre octubre y diciembre (los dos pagos fraccionarios que restan este año) 2.500 millones de euros adicionales, según las previsiones que detalló el pasado domingo la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado.

Esa cantidad supone incrementar un 35% lo que abonaron las empresas en el mismo periodo del año pasado como cantidades a cuenta del impuesto, según los datos de recaudación presupuestaria. La medida se antoja optimista para los expertos, que dudan de que Hacienda logre su objetivo.

No hay aumento de la fiscalidad, ya que se trata de pagos a cuenta

Los inspectores piden una reforma del tributo para que recaude más

El aumento de las entregas a cuenta en el impuesto de sociedades (cuyo tipo general es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pequeñas y medianas), el que abonan las empresas por sus beneficios, es la medida más potente del paquete que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros extraordinario la próxima semana para garantizar el cumplimiento del déficit y enviar una señal de confianza a los agitados mercados.

Apenas unas horas antes de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera comprar deuda española e italiana para relajar los intereses que han de pagar los Gobiernos, Salgado se apresuró a cifrar la medida y ofrecer unos mínimos detalles.

El ministerio rehúsa concretar cómo se aplicará ese aumento en los pagos (el primero y el más cuantioso, a ingresar entre los próximos 1 y 20 de octubre). La opción más plausible consiste en elevar la cantidad que se abona en esas entregas, que ahora es del 21% sobre la base imponible del impuesto en el caso de grandes empresas.

Para una de las principales compañías españolas, por ejemplo, con beneficios generados en España cercanos a 3.000 millones de euros en 2010, aplicar un 21% sobre la base imponible del periodo comprendido entre los meses de abril y septiembre supondría casi 160 millones de euros en octubre (en realidad pagaría mucho menos al restarse las deducciones, pero este aspecto es difícil de estimar). Si la retención subiera al nivel máximo posible (un 30%, el tipo nominal del impuesto), la misma compañía pasaría a ingresar al fisco 225 millones de euros en octubre.

Aunque el ejercicio sea simulado, da una idea de que las empresas tendrán que desembolsar por adelantado unas cantidades con las que no contaban de aquí a final de año en su planificación fiscal. A largo plazo la medida, sin embargo, no supone un aumento de la fiscalidad, ya que esas cantidades las habrían ingresado igualmente, pero un año más tarde.

El anuncio no ha pasado desapercibido para CEOE, que ayer ya envió un comunicado quejándose de la falta de información. La medida, a juicio de la patronal, "restaría capacidad financiera a las empresas, dificultando aún más sus esfuerzos por superar los efectos de la crisis económica", señaló en un comunicado.

"Es una medida muy inoportuna porque drena liquidez de las empresas en un momento en que la financiación en los mercados es muy difícil", analiza Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, la más representativa del colectivo. De la Torre cree que sería necesaria una verdadera reforma del impuesto de sociedades y no una operación consistente en salvar el déficit este año (6% del PIB en el conjunto de Administraciones públicas) a costa de dificultar el del año que viene.

"Va a ser bastante contestado", vaticina José María Mollinedo, responsable del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Mollinedo advierte, además, de que el concepto "gran empresa" equivale para el fisco a sociedades que facturan más de seis millones de euros al año, lo que amplía mucho la incidencia de la medida.

Con este retoque, el Gobierno opta por un remiendo en un tributo que hoy recauda solo un tercio de lo que aportaba en 2007, aunque los beneficios empresariales no han descendido en esa proporción. Hacienda pretendía aplicar una reforma integral que tapase las numerosas vías de agua que tiene el impuesto (solo ingresa el 10% de las ganancias empresariales debido a las fuertes deducciones que pueden aplicarse las empresas, aunque el tipo máximo es del 30%), pero finalmente ha renunciado a hacerlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de agosto de 2011