El alcalde reabre la herida

Ha costado décadas comenzar a cerrar las heridas que abrió la Guerra Civil y la posterior represión. El avance es demasiado lento para permitir frenazos, mucho menos retrocesos. Pero se producen. Una de esas heridas pareció cauterizarse en 2002; en la provincia de Ávila, en la curva del Esparragal, un paraje localizado en la Sierra de Gredos entre los pueblos de Candeleda y Poyales del Hoyo. En la noche del 29 de diciembre de 1936, tres mujeres fueron paseadas, ultrajadas y asesinadas allí. Sus cuerpos, abandonados primero y posteriormente sepultados en una fosa común en ese mismo lugar. Gracias al trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de otros foros, Virtudes de la Puente Pérez (ejecutada con 53 años), Pilar Espinosa Carrasco (43 años) y Valeriana Granada (26 años y embarazada de varios meses) fueron exhumadas y enterradas en una tumba del cementerio municipal de Poyales. No fue fácil. La entonces alcaldesa, Damiana González, del PP, se opuso a ceder un espacio en el cementerio. La historia que se relata en el pueblo cuenta que un antepasado suyo fue el ejecutor. O al menos se jactó de ello durante muchos años.

El monolito que recordaba a las tres represaliadas fue profanado la misma noche del 22-M

Finalmente, las presiones surtieron efecto y el Consistorio cedió un espacio en el camposanto. No hay documentos oficiales que lo acrediten, pero el acto tuvo una gran repercusión mediática. Incluso The New York Times recogió el momento. Era la primera vez que un testigo directo de las ejecuciones asistía a una exhumación.

Obdulia murió hace dos años con la satisfacción de haber dado sepultura a su madre Virtudes tras décadas de convivir con sus asesinos y pasar al lado de donde intuía que estaba enterrada. Obdulia salvó la vida en aquella Navidad del 36 porque, en el último momento, los falangistas se apiadaron de ella y solo de ella: tenía 12 años, pero fue subida al mismo camión que las otras tres mujeres. Su nieto, Yash Paul Gosain (nacido en Reino Unido y residente temporal en España), rememora con los ojos húmedos las veces que llevó a su abuela desde Poyales a Candeleda y cómo la mujer se echaba a llorar cada vez que transitaban por la curva del Esparragal mientras musitaba: "¿Dónde estás, dónde estás?".

Si Obdulia viviera hoy, tendría que repetir aquella pregunta. El recién elegido alcalde del pueblo, Antonio Cerro (PP), decidió reabrir una herida ya cerrada. Con la potestad que le da su cargo, el pasado 30 de julio ordenó abrir el panteón, retirar los cuerpos que allí descansaban e inhumarlos de nuevo en la fosa común del propio cementerio. A escasos cinco metros. Sin el permiso de los descendientes que tanto habían luchado para que sus seres queridos descansaran en una tumba digna. Sin su presencia. Y sin ninguna referencia a sus nombres o las fechas en las que fueron asesinadas.

Los problemas alrededor del sepulcro de Virtudes, Pilar y Valeriana comenzaron a principio de este año. Otra herida en forma de fosa era cerrada en las proximidades del pueblo. Los restos mortales de otros siete represaliados fueron depositados a principios de año en la misma sepultura y sus nombres añadidos a la lápida. Una vez más, sin registro alguno. Nadie tomó la decisión y nadie la autorizó.

Esto no gustó a la nieta de Virtudes. Virtu decidió entonces desenterrar a su abuela y darle sepultura junto a su padre. Defiende que ella había pagado la lápida que cubría los restos de las tres mujeres, pero la sufragaron las tres familias, como confirman varios testimonios directos. Virtu ha sufrido mucho: su hijo, de 40 años, estuvo dos y medio en coma tras un accidente y nunca se recuperó del todo.

Su momento llegó el pasado 22 de mayo. Un amigo de su familia, Antonio Cerro, del PP, arrasó en las elecciones. Cerro recuerda por teléfono que Virtudes amenazó con reventar con sus propias manos la lápida y "rescatar" a su abuela. "Vino a mi despacho todos los días durante un mes". Y accedió. Pero fue más allá. Solicitó un informe a la Diputación que, asegura, le daba vía libre para hacer y deshacer a su antojo en el cementerio. Así que ordenó a los operarios sacar los 10 cadáveres, devolver a Virtudes los restos de su abuela y enterrar los otros nueve en la fosa común.

"Aprovecharon el momento. En agosto muchos no están en el pueblo. Al acto asistió la juez de paz suplente del pueblo porque la titular estaba de vacaciones", recuerda Gosain. La Guardia Civil no acudió, pese a estar avisada, según el alcalde. Sí lo hicieron Virtu y su marido y una descendiente de uno de los siete hombres inhumados allí a principios de año.

Hasta aquí, las versiones coinciden. Solo hasta aquí. Gosain asegura que el pasado 29 de julio la juez de paz suplente, Teresa Arroyo, le informó de que al día siguiente iban a abrir la tumba para sacar a Virtudes. "Y me preguntó si yo quería también mover a mi bisabuela. Yo le dije que no y me dijo que así sería". Esta afirmación la confirma un edicto que firmó el alcalde el pasado 22 de junio, apenas un mes después de las elecciones. Y a 11 días vista de la constitución del Consistorio. Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que sí se dio el consentimiento.

Gosain recuerda que fue el pasado domingo cuando la misma juez de paz suplente le contó lo sucedido. "Tu bisabuela está ahora en mejor sitio", le dijo.

El alcalde defiende su decisión. Acepta que la tomó con anterioridad a la exhumación pero que se reafirmó al ver las condiciones en las que estaban los restos: "Eso estaba lleno de agua". La tumba de su madre es la contigua. Cerro reconoce también que le crispó la presencia de un invitado inesperado en el camposanto: Mariano López, militante por la memoria histórica que acudió para ser testigo de lo que ya suponía iba a suceder. "Me dijo que no podía hacerlo", rememora el primer edil. "Parecía que mandaba él. Y en el cementerio manda el Ayuntamiento. Así que dije: 'Esas se van todas. Se acabó'. ¿Es una democracia, no? Si sale una, salen todos. Han pasado siete años y puedo hacer lo que quiera".

Pese a todo, a mediados de la semana pasada, la situación estuvo a punto de reconducirse por el sendero de la concordia. Con la mediación de un vecino, un exdiputado regional de IU en Madrid, Luis Suárez, el alcalde accedió a firmar un documento en el que pedía disculpas por lo sucedido y se comprometía a restituir los restos en su nicho original. El acuerdo se pactó de viva voz en la noche del 3 de agosto. El jueves 4, el alcalde abandonó Poyales del Hoyo sin acudir a su cita. "Me han querido engañar. Y yo no soy tonto", justifica Cerro.

En los últimos días, la tensión en el pueblo no ha parado de crecer. Las heridas, cicatrizadas con lágrimas, perdón y olvido, se han reabierto. El mismo 22 de mayo, el día de las últimas elecciones municipales, el monolito que recordaba en la curva del Esparragal a las tres mujeres asesinadas fue profanado y pintarrajeado. Gosain aseguró el pasado viernes haber recibido dos amenazas en las horas previas a la llegada, anunciada, de EL PAÍS. Algunos testigos prefieren no aparecer citados. El único edil de IU, Cruz Sancho, ha pedido una rectificación al Consistorio. Militantes por la memoria histórica han convocado para hoy una concentración ante el Ayuntamiento de Poyales para que no se remueva a los muertos. A los que ya descansan.