Aguirre aprovecha la crisis de Metro para lograr todo el poder en la empresa

"El control de Metro lo tenía la Comunidad de Madrid cuando la presidía Alberto Ruiz-Gallardón pero ahora mismo estamos en las mismas condiciones. Nos gustaría muchísimo que se volviera a la situación anterior". Así recordó el pasado jueves Esperanza Aguirre su intención de acabar con la gestión dual en Metro. Hasta ahora Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han compartido responsabilidades. La presidenta regional quiere lograr el control total de la empresa pública que gestiona el suburbano y ha emprendido una nueva ofensiva para conseguirlo.

En las últimas semanas, la compañía pública que controla el suburbano se ha visto salpicada por el caso de las comisiones por el que cuatro trabajadores adjudicaban supuestamente contratos a cambio de dinero. Una empresa que trabaja con Metro denunció varias irregularidades a la dirección de la compañía -también alertó de la existencia de la duplicidad en la gestión-. El asunto ha llevado a la Comunidad a interponer una demanda y a abrir expediente a los cuatro funcionarios supuestamente implicados.

Las broncas entre Aguirre y Gallardón por Metro han sido frecuentes

Una de las consecuencias del caso de las comisiones ha sido la dimisión del gerente de Metro, Ildefonso de Matías, aunque aparentemente no tiene nada que ver con el asunto. El exgerente es un hombre próximo al Ayuntamiento. Su marcha se produce por las presiones de parte de la Comunidad de Madrid. De Matías concedió la semana pasada que abandonaba su cargo, que ostentaba desde 2003, por las divisiones internas.

Fuentes de Metro admiten que existe una gestión bipolar entre el equipo de Gallardón y el de Aguirre, enfrentados desde 2004 por la gestión de la sociedad pública. Ahora el entorno de la presidenta quiere acabar con esta dualidad.Las broncas entre Aguirre y Gallardón por la gestión de Metro han sido frecuentes desde que ambos comparten poder en la comunidad de Madrid. Uno de los primeros y más cruentos encontronazos públicos entre ambos dirigentes del PP se produjo por el control de la sociedad pública que gestiona el suburbano.

En la primavera de 2004, el exconsejero de Transportes, Francisco Granados, intentó cambiar el reparto de poder en el Consejo de Administración de Metro. Aguirre acababa de alcanzar la presidencia regional y pretendía reservarse la mayoría en la empresa pública para controlarla. En sus planes estaba la ampliación de la red del metro y manteniendo el control le resultaría más fácil ponerla en marcha -en estos años ha crecido en 90 kilómetros y 85 estaciones-. Pero se encontró con la oposición cerrada de Gallardón. El Ayuntamiento tenía el 75% de las acciones de Metro. Esta empresa pública nació en una época en que la red apenas tenía ramificaciones fuera de la capital, pero la situación había cambiado. El suburbano se extendía por el norte y el sur de la región. La Comunidad de Madrid aportaba tres veces más dinero que el Ayuntamiento en el Consorcio de Transportes, que sufragaba parte de los billetes.

El alcalde amenazó con sacar a Metro y a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), de autobuses urbanos, del Consorcio de Transporte si prosperaban los planes de Aguirre. El 21 de abril de aquel año se celebró una reunión determinante para zanjar la cuestión. Las posturas parecían irreconciliables. Pero minutos antes del Consejo de Administración convocado para decidir quién tendría el poder de Metro, Granados se reunió con el concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo y el gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pradillo. Durante una intensa conversación en el cuarto de las fotocopiadoras lograron un pacto de mínimos que ha regido hasta hoy: la Comunidad de Madrid mantenía cinco representantes por otros cinco del Ayuntamiento, dos el Gobierno central, dos para los sindicatos y un representante de los consumidores. Las competencias ejecutivas e institucionales recaían en la Comunidad, mientras que el Ayuntamiento se quedó con la gerencia que ostentaba la responsabilidad técnica. Además se crearon los cargos de presidente y consejero delegado. Durante un tiempo, Pradillo ocupó el cargo de consejero delegado evitando nuevos conflictos entre ambos bandos. Pero Aguirre comenzó a nombrar directivos con un perfil más político y se reanudaron las tensiones.

Manuel Melis, el ingeniero que ideó el soterramiento de la M-30 y que ejecutó la primera ampliación del metro en la época de Gallardón, ostentó la presidencia aunque sin ningún poder. Así lo manifestó en una carta que remitió a la Asamblea de Madrid tras presentar su dimisión en 2009, donde también criticó la bicefalia en la empresa pública. El verdadero poder lo ostentaba el consejero delegado: el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González Velayos, ocupa ese puesto actualmente. Fruto de ese poder compartido se han producido numerosos encontronazos entre ambas Administraciones por la gestión de Metro. Desde entonces, Pradillo ha tratado de ser el árbitro entre ambos grupos.

Uno de los últimos rifirrafes se produjo hace menos de un año por la decoración de los vagones del metro. El Gobierno regional quería poner unas pegatinas con la bandera de la Comunidad en los trenes, pero se encontró con la oposición de los representantes municipales.

En este escenario de continuos pulsos, Aguirre ha decidido recientemente acabar con Mintra, el ente público encargado de la ampliación de la red del suburbano. La Comunidad de Madrid ha presionado al gerente Ildefonso de Matías con el caso de las comisiones. Su dimisión deja el camino libre a una nueva ofensiva para lograr el control total de Metro y echa por tierra el pacto de la fotocopiadora entre Granados y Bravo en 2004. Pero esta vez el Ayuntamiento se muestra más receptivo.