Columna
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Desahucios exprés

La resistencia ciudadana a las decenas de desahucios que semanalmente se producen ha hecho reaccionar con suma celeridad a la justicia y a la policía. Para que todo funcione bien y las entidades financieras no vean vulnerados sus legítimos derechos, hay jueces que han sido receptivos a las peticiones de algunos sindicatos de los Mossos d'Esquadra. Es mejor no advertir de la hora y el día en que un vecino va a ser expulsado de su domicilio para evitar problemas de resistencia a la autoridad. Todo dentro de la más estricta legalidad. Curiosa sociedad ésta que trata los síntomas sin ir a la base del problema y que prefiere la injusticia al desorden.

En el primer trimestre de este año, los lanzamientos (nombre técnico de los desahucios) sumaron 1.925. El pasado lunes, la familia de Verónica fue expulsada del piso que ocupaba desde hacía 26 años en el Clot por negarse a pagar un alquiler que triplica el actual. Un día después, Ignasi y su hija de 12 años tuvieron un despertador de lujo: los Mossos tiraron abajo la puerta y los desahuciaron de la finca de la calle Alegre de Dalt, 56. Una inmobiliaria compró la finca y quiere derribarla. El jueves, sin embargo, la presión ciudadana logró paralizar la expulsión de Mustafá y su familia de su vivienda en Terrassa. Todo acabó con el pacto de un alquiler mínimo mensual con la entidad financiera prestamista.

No advertir de la hora y el día en que un vecino va a ser expulsado de su piso es preferir la injusticia al desorden

La semana pasada el Parlament, a propuesta de tres minoritarios -Iniciativa, Esquerra y Ciutadans-, entró en el debate de la dación en pago de hipoteca. El Síndic de Greuges ha pedido ante la Comisión de Justicia de la Cámara que se dé más peso a la mediación entre la entidad financiera y el desahuciado (nunca mejor dicho).

Desde los estamentos de la justicia, que con cierta sensibilidad podrían amortiguar la sangría de desahucios, no se encuentra mucha colaboración. Pero hay destellos de esperanza. El Tribunal Constitucional rechazó el martes estudiar la pregunta de un juzgado de primera instancia de Sabadell sobre si los lanzamientos vulneran los derechos fundamentales de los afectados a una vivienda digna y a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales. Triunfó la doctrina establecida en los años ochenta y noventa sin tener en cuenta la actual situación de crisis, que como sostuvo en el único voto particular a ese rechazo el magistrado del TC Eugeni Gay, tiene "trascendencia social y constitucional".

En esa mala noticia, hay dos datos para la esperanza: el juez de primera instancia de Sabadell que lanzó la incordiante y pertinente pregunta y el magistrado Gay que ha demostrado tener sensibilidad para entenderla. La batalla es muy desigual, pero la ciudadanía crítica con los desahucios poco a poco conquista espacios en la sociedad, y se abre camino en los aparatos de poder. Se trata de dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de las entidades públicas".

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Hay ocasiones en que los textos legales hacen evidente el contraste entre los grandes principios y la miseria de los hechos.

Algo se mueve y por poco que sea hay espacio para creer en la esperanza, aun a riesgo de ser tachado de ingenuo. No hay que caer en el fatalismo y por descarte descalificar la resistencia con el argumento de que así no se arreglan las cosas y que hay que cumplir la legalidad. Eso sí, sin parar a preguntarse quién sirve a quién: las leyes a los ciudadanos o viceversa.

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