El Gobierno mide el poder autonómico del PP en el Consejo de Política Fiscal

El Gobierno se enfrenta esta semana a un difícil cara a cara con las comunidades autónomas. Por primera vez en dos legislaturas, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que medirse dentro de un mapa autonómico en el que las fuerzas socialistas son residuales. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, somete este miércoles a la opinión de los consejeros de Hacienda una propuesta trascendente sobre el control de las cuentas públicas. Se trata de una regla que vincula el gasto autonómico al crecimiento potencial de la economía. El proyecto corre el riesgo de ser rechazado -o al menos no respaldado- por la gran mayoría de comunidades, toda una novedad en las relaciones entre Gobierno y autonomías.

Economía validará los planes de ajuste de Extremadura, Andalucía y Baleares

La imagen de un Gobierno arrinconado por las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene escasos efectos prácticos, aunque encierra un gran poder simbólico. El Ejecutivo goza del 50% de los votos en este órgano, que reúne al Ejecutivo con las comunidades, con lo que basta que una respalde la propuesta gubernamental para salvarla. Pero dos meses después de unas elecciones autonómicas y municipales que prácticamente han barrido del mapa los feudos socialistas, el Ejecutivo se arriesga a agravar su debilidad política en la cita del miércoles. Máxime cuando, independientemente de lo que apruebe el Consejo, la regla de control de gasto tiene que refrendarla cada comunidad.

Con el viento claramente a favor del PP, sus consejeros autonómicos -11 de los 17- pueden preferir aguardar unos meses a la previsible llegada de Rajoy a La Moncloa y acatar otros criterios de gasto. No obstante, las comunidades del PP también tienen difícil oponerse a una norma que traslada al gasto público las bondades de la fábula de la cigarra y la hormiga: guardar en épocas de bonanza para poder administrar en momentos adversos. Lo más probable es que juzguen insuficiente el esquema y que, en el mejor de los casos, se abstengan.

Lo que Salgado ha propuesto a las comunidades es que hagan suya la regla que acaba de validar el Congreso para la Administración central y los ayuntamientos: impedir que el gasto crezca por encima de la media resultante del crecimiento de los cuatro últimos ejercicios y las previsiones del presente y de los tres siguientes. A esa media se le suma un prudente 1,75% como inflación y se obtiene una cifra que debería generar un gasto sostenible al acompasarlo al crecimiento. Si se trasladara esa directriz al momento actual, resultaría un aumento del 3,23%.

No obstante, casi ninguna comunidad -ni la propia Administración central- podrían aplicarla ahora mismo, pues la norma establece que, cuando haya planes de saneamiento en marcha, priman estos. Solo Madrid y La Rioja están libres de esa atadura, por lo que la incidencia de lo que se quiera aprobar ahora es limitada y a largo plazo. Eso refuerza la hipótesis de que los Gobiernos populares preferirán esperar.

Descartada una ovación, Economía puede conformarse con un apoyo más o menos tibio de territorios como Navarra (aparte de los ya descontados de Andalucía y País Vasco). Esta comunidad, gobernada por UPN en coalición con el PSOE, apoya el plan gubernamental con matices. La Consejería de Hacienda ha preparado un documento en el que pide incluir cambios menores como que, en el caso de Navarra, el crecimiento de referencia sea el regional, no el nacional. El voto navarro dependerá de cómo quede el texto final, según indican fuentes de ese departamento. Algo similar puede ocurrir con Canarias, donde Coalición Canaria también gobierna con el PSOE.

Además de debatir del gasto futuro, el Consejo resolverá cuestiones más inmediatas que reducirán la tensión con las comunidades. Dará el visto bueno a los planes de reequilibrio de Baleares, Andalucía y Extremadura, a no ser que esta última, cuyo Gobierno acaba de asumir por primera vez el PP, decida introducir cambios en el proyecto pactado con el anterior equipo socialista. De este modo, solo quedarán tres autonomías con asignatura pendiente: Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que quedarán suspensas hasta octubre.