Recentralizar
La negativa de los Gobiernos autónomos de Murcia y Castilla-La Mancha a recibir de la Administración central los traspasos de algunas competencias de Justicia abre un nuevo escenario en el desarrollo del Estado de las autonomías. Inaugura una deriva de recentralización, al menos ocasional, frente a la tradicional dinámica descentralizadora vigente desde la entrada en vigor de la Constitución. Lo que en principio podría entenderse como un rechazo técnico a asumir un traspaso por la insuficiencia de las transferencias de recursos a él asociadas -episodio que no es novedoso, pues ha sucedido varias veces, sobre todo en Cataluña-, ahora lo desborda.
La decisión parte de un discurso global del PP, elaborado en su versión primigenia y más agresiva por la FAES de José María Aznar, de aprovechar excesos administrativos para laminar los techos autonómicos. Al socaire de tal discurso, la presidenta de Madrid ha esbozado su propósito de devolver la competencia en Justicia ya asumida. Si el designio de los traspasos, en un sentido o su contrario, busca más funcionalidad y eficiencia, nada debiera oponerse doctrinalmente a un aumento descentralizador o a su reverso recentralizador. Al revés, una dosis de pragmatismo es necesaria en un asunto que despierta demasiadas pasiones. Otra cosa es que esos vaivenes se utilicen como punta de lanza de operaciones ideológicas, ya de nacionalismo periférico, ya de neocasticismo español.
El rechazo de algunas comunidades a incorporar nuevas competencias subraya dos dudas lógicas: saber si el acompañamiento financiero a los servicios descentralizados ha sido bien calculado o no; y si ha ido acompañado de recortes en el aparato central para evitar duplicidades. No todo es impulso recentralizador. El Gobierno nacionalista catalán encontrará quizá en él un motivo para destacar la escasa ambición de otras autonomías que juzga menos acreditadas. Algo que probablemente haga chirriar su tendencia al pacto con el PP.
