La 'doctrina del 4%' hace temblar al PNV alavés

Un día antes de que la Ertzaintza fuera a su casa a detenerle una mañana de marzo de 2010, desde su cómodo despacho en el Palacio de la Diputación de Álava, en Vitoria, el entonces diputado foral Alfredo De Miguel y ex número dos del PNV de Álava seguía llevando las riendas de una densa telaraña de empresas a las que la justicia mira con lupa desde entonces. Su apellido se ha convertido en el País Vasco en sinónimo del mayor caso de presunta corrupción vinculado al partido nacionalista.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria, Roberto Ramos, ha destapado una nutrida red de empresas pantalla y afines que participó en operaciones que suman varios millones de euros, desde adjudicaciones públicas hasta operaciones de compra de terrenos supeditadas a modificaciones normativas. De momento, ya son 18 los imputados en el denominado caso De Miguel, exdirigentes, excargos públicos, militantes o simpatizantes del partido en su inmensa mayoría.

La instrucción ha detectado prácticas de blanqueo de capitales

Una abogada que trabajaba con la trama destapó todo con su denuncia

Desde su despacho en la Diputación, Alfredo De Miguel dirigía la trama

La Ertzaintza cree que cobraron comisiones del 4% por obras públicas

"En el PNV tiras del que es tuyo", dijo la exalcaldesa de Zambrana, Justina Angulo, cuando se le preguntó por qué contactó con De Miguel para sacar adelante una operación urbanística en la que una empresa participada por el grupo catalán Riera adquirió varios millones de euros en opciones de compra sobre unos terrenos que no eran aptos para uso industrial. La justicia investiga lo ocurrido por si hubo pago de comisiones ilegales.

Los modus operandi de la trama son tan diversos como los negocios en los que participaban. La Ertzaintza apunta en su último informe que, en al menos dos ocasiones, la trama pudo cobrarse una comisión del 4% en la adjudicación de contratos de obra pública a constructores afines en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia (Álava), gobernados entonces por los peneuvistas.

Además, se habían especializado en conseguir una multitud de contratos menores que podían ser adjudicados a dedo por distintas administraciones gobernadas por el partido. Solo del Departamento de Cultura del Gobierno vasco durante la etapa del lehendakari Juan José Ibarretxe consiguieron cerca de 200.000 euros por trabajos como realizar informes y organizar eventos que no consta que fuesen realizados.

El departamento de De Miguel en la Diputación alavesa -ahora gobernada por el PP- no dudó en adjudicar al menos cinco contratos que sumaban casi 59.000 euros a Errexal, una de las varias empresas pantalla, según la instrucción, en las que la hermana de De Miguel, Aintzane, también imputada, actuaba como contable.

El ex número dos del PNV alavés procuró dejar poco rastro. En un correo enviado a su notario de cabecera en 2006, planteaba las dudas que tenía a la hora de constituir una compañía. "Para yo no salir en la escritura que se inscribe en el registro, se podría poner a nombre de ellos y yo comprar luego el 50%, acepto cualquier sugerencia", explicó entonces.

La policía vasca ha detectado también la predilección que la trama tenía por las operaciones con ingresos en efectivo con billetes de 500 euros. El informe del área de Delitos Económicos de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza destaca algunas de las operaciones realizadas en las dos cuentas que Kataia Consulting, empresa situada en el epicentro de la trama, tenía en Ipar Kutxa -el responsable de la entidad financiera en Álava, Pablo Larrabide, ha sido uno de los últimos citados como imputado por el juez-. La policía constató el uso de técnicas de operaciones de blanqueo de capitales en algunos movimientos.

La justicia probablemente nunca hubiera dado con la trama de no ser por la denuncia de una abogada que trabajó con De Miguel durante años, Ainhoa Alberdi. A finales de 2009 se plantó en el despacho del Fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, para decirle que De Miguel y otro exdirigente del PNV, Aitor Tellería, le habían exigido "pasar por caja" y que compartiera con ellos el contrato de más de 400.000 euros que se llevó por asesorar el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano en Álava. A partir de ahí, la justicia fue tirando del hilo de las empresas implicadas hasta encontrarse con una red que se extendía a lo largo de toda Álava, con algún que otro tentáculo en Bizkaia. La propia abogada admitió, en su declaración ante la Comisión de investigación del Parlamento vasco que investiga los hechos, que si otra persona hubiese denunciado el caso, ella misma estaría ahora imputada. Alberdi sustentó sus acusaciones en 24 grabaciones que fue acumulando durante meses de sus conversaciones con los implicados.

En Euskadi todos miran de reojo la flamante sede que el PNV alavés compró en la plaza de la Virgen Blanca en una operación orquestada por De Miguel. Hasta ahora, la instrucción no ha encontrado nada concluyente que apunte a una presunta financiación ilegal, aunque hay personas, como el dirigente del PSE Óscar Rodríguez que creen que llamarle caso De Miguel a lo ocurrido empieza quedarse corto a medida que la instrucción avanza: "Quizás haya que empezar a hablar del caso PNV".