La policía señala otra rama en Legutiano

Tanto desde su puesto como responsable de varios industrialdeas, que compaginaba con su cargo de número dos del PNV alavés, como cuando fue nombrado en 2007 diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo De Miguel tenía a su alcance un amplio abanico de posibilidades de negocio. Desde allí podía conseguir información privilegiada para nutrir la red empresarial que presuntamente encubría el pago de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas. O impulsar modificaciones normativas en operaciones urbanísticas como en Zambrana para recalificar terrenos.

En paralelo, mientras mantenía su relación privilegiada con constructores como los imputados Jon Iñaki Echaburu y Prudencio Hierro -en los documentos internos incautados hay constantes alusiones a operaciones opacas y comisiones. "Pruden, 10.000 negro", se puede leer en una de ellas-.

La abogada Ainhoa Alberdi se implicó en cambios normativos en el Ayuntamiento

El informe de los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza dibuja una red que extendía sus tentáculos a lo largo de todo el territorio alavés. La policía alude en varias ocasiones en el mismo a una operación urbanística en Legutiano que recuerda a lo ocurrido en Zambrana, investigada por la justicia por si hubo pago de comisiones ilegales en unos contratos vinculados a una recalificación. En Zambrana, varios de los imputados, respaldados por cargos públicos del PNV, insistieron en sacarla adelante a pesar de que los informes medioambientales no daban su visto bueno.

En 2005, Sprilur realizó un estudio de viabilidad para impulsar la actividad industrial en la zona de Lladie, en Legutiano, gobernado entonces por los peneuvistas. En esa época, De Miguel compaginaba su cargo como número dos del PNV alavés con la gerencia de varios industrialdeas dependientes de la sociedad pública, por lo que no sería descabellado pensar que tuvo información de primera mano. La documentación incautada en el domicilio de De Miguel apunta a que la trama se interesó por las modificaciones de la normativa urbanística municipal para que se pudiera edificar allí. Fue la letrada que destapó el caso tras denunciar un intento de extorsión por parte de De Miguel en el marco de otro contrato vinculado al parque tecnológico de Miñano, Ainhoa Alberdi, quien cursó la solicitud en nombre de la trama.

Unas obras situadas allí fueron encargadas a la unión temporal de empresas Arana Ezkibel, según el informe. Tres fincas urbanas, las manzanas A y C del sitio de Parrachi, identificada urbanísticamente como sector discontinuo de Lladie, así como un conjunto modulable para uso industrial de una sola planta en el pabellón B del citado sector, son propiedad de Ezkibel, una compañía en la que De Miguel puso los 3.006 euros de capital social para su constitución, aunque no aparece ni como propietario ni como administrador. La propiedad de Ezkibel se reparte entre Hierro (95%) y el constructor Marcos Arana (5%).

Según un documento encontrado en el ordenador portátil de De Miguel en la Diputación de Álava, las propiedades estaban tasadas en 3 millones de euros, aunque no consta la fecha de tasación. La manzana A valía 320.000 euros, con una hipoteca de 200.000 euros; la B estaba valorada en 1,129 millones de euros -hipoteca 810.000- y la C en 1.560.000 millones hipotecada por 1.100.000, realizada por Ipar Kutxa, al igual que las anteriores.

La Ertzaintza señala en su informe que, en su domicilio privado, De Miguel guardaba el borrador de las escrituras de los terrenos en Legutiano, así como un contrato de promesa de compra venta en el que el constructor Hierro y su socio Marcos Arana, se comprometían a vender la manzana C en Legutiano a Green Alliance, representada por Joaquín Sabater, una persona vinculada a los promotores de la fallida macrorecalificación de Zambrana. Este último figura como consejero de Prograig, junto a Francesc Fernández Joval, entonces máximo responsable de la promotora de Zambrana que se gastó varios millones de euros en opciones de compra.

Prograig está vinculada porunos terrenos que De Miguel insistió en recalificar contra viento y marea; Jesús Arruti, padre de Josu Arruti, imputado y administrador de Sidepur, compañía que intermedió en Zambrana y pagó cerca de 200.000 euros a empresas controladas por De Miguel, en su mayoría por unos supuestos informes técnicos que no han sido aportados a la justicia; y Gorka Errasti, familiar de los Arruti que como trabajadora en Nai Duenak a Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel.

Prograig está vinculada a una operación de alquiler de terrenos para la instalación de placas solares que la justicia investiga por si encubre el pago de comisiones ilegales.

Hierro recibió adjudicaciones que suman varios millones de euros de los industrialdeas gestionados por De Miguel y su empresa familiar, Construcciones Hierro, de la que fue administrador, participó en las obras de reforma de la nueva sede del PNV alavés en el centro de Vitoria, comprada a través de una empresa mercantil Landaburu Etxea, en una operación orquestada por De Miguel. Esta última tuvo relaciones comerciales con el núcleo duro de la trama.

Otra empresa administrada por Hierro, Gestión de Recursos Baio, quiso entrar en un negocio de la mano de Construcciones Loizate, propiedad de Echaburu, en la construcción de 160 viviendas en Mijas (Málaga) impulsado por Promociones Arana Sur.

La lista imputados por la supuesta trama corrupta del caso De Miguel alcanza ya 18 personas, entre ellas, tres exdirigentes del PNV alavés presidido por Iñaki Gerenabarrena, así como excargos públicos, militantes y simpatizantes de la formación.