La Generalitat no sabe qué competencias tendrá sobre El Prat

La influencia real que tendrán las autoridades catalanas sobre el aeropuerto de El Prat es una incógnita total pese al esfuerzo realizado por Josep Antoni Duran Lleida el pasado martes en Madrid para intentar convencer a la opinión pública de que había logrado un gran acuerdo con el Ejecutivo central. El Gobierno de Convergència i Unió admitió ayer que a estas alturas no sabe qué influencia real tendrá sobre el consejo rector que controlará la concesión del aeropuerto ni las competencias que tendrá este organismo de nueva creación.

El consejero de Política Territorial, Lluís Recoder, reconoció ayer que el acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat no da ninguna garantía concreta a la Generalitat para forzar grandes decisiones estratégicas en El Prat. Recoder se mostró confiado de que la Generalitat podrá influir sobre una eventual revocación de la concesión en caso de incumplimiento, pero admitió que "no hay nada escrito" al respecto.

La oposición acusa al Gobierno de CiU de haber cerrado un acuerdo a la baja

El acuerdo alcanzado el martes solo concreta la composición del consejo. Cuatro de sus nueve miembros serán representantes de AENA, mientras que los otros cinco lo serán de la Generalitat, de los Ayuntamientos de la zona y de la cámara de comercio u otras entidades. Lo que no está claro son las competencias reales que tendrá este organismo una vez que El Prat sea privatizado. Lo que ya es seguro es que la parte catalana de la comisión no tendrá ni voz ni voto a la hora de decidir a qué empresa se le da la concesión del aeropuerto. Recoder admitió ayer que tampoco tiene ninguna garantía de que, en caso de problemas de gestión, la Generalitat pueda forzar un cambio de concesionario en el futuro.

En cualquier caso, Recoder manifestó que si la sociedad de control "tiene todas las competencias", también tendrá la capacidad de "revocar la concesión", y se mostró partidario de que las concesiones del aeropuerto de Barajas y El Prat no recaiga en la misma empresa para evitar, así, que el de Barcelona sea "subsidiario" del de la capital española.

Por otro lado, el acuerdo referido recibió las críticas de parte de la oposición, que lo consideró "insuficiente" y "perverso". La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Simó, aseguró que con este acuerdo, el Gobierno renuncia a "poder decidir las estrategias del aeropuerto de El Prat".