El Defensor catalán acusa a la fiscalía de falsear la edad de inmigrantes

Las administraciones y la fiscalía de Cataluña incurren en "vulneraciones de derecho" para falsear la edad de los menores inmigrantes llegados a España, de modo que sean señalados como mayores de 18 años y puedan ser expulsados a su país de origen. Así lo denuncia un informe del Síndic de Greuges -organismo equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña- presentado ayer. El documento prueba y acusa a la administración, y en mayor grado a la fiscalía, de vulnerar la ley en la determinación de edad de los inmigrantes en situación irregular que aseguran ser menores. "Algunos extranjeros pueden ciertamente tratar de falsear su edad", señala el informe, "pero ello no justifica el actual procedimiento insuficientemente garantista".

Estas vulneraciones se producen en dos niveles. En primer lugar, "es muy frecuente" tratar como indocumentados aquellos jóvenes que exhiben un pasaporte legalmente expedido por su país de origen y que acredita su minoría de edad; después, la fiscalía "aprovecha" la baja fiabilidad de las pruebas radiológicas -fundamentalmente de la muñeca y la dentadura- empleadas para determinar la edad. Estas implican un margen de error de 1,7 años por encima o por debajo, por lo que puede determinar la mayoría de edad a un joven de 16 años y expulsarlo del país. Las asociaciones de defensa de los jóvenes inmigrantes elevan este margen de error hasta los dos años, alegando que sobreperjudican a los subsaharianos dada su mayor corpulencia. El Supremo ya ha cuestionado en alguna sentencia las pruebas radiológicas y ha considerado el pasaporte del menor una prueba más determinante.

El peor resultado, gana

El Síndic ha detectado casos de jóvenes que fueron expulsados pese a contar con un informe médico que acredita su minoría de edad. Eso ocurre porque al llegar a otra comunidad, las mismas pruebas radiológicas le han diagnosticado como mayor de edad. "Si hay disparidad de resultados", resume el Síndic, "suele optarse por el resultado que atribuye una mayor edad. En realidad debería aplicarse el principio favor minoris". En 2010, la fiscalía de Cataluña ordenó practicar 299 diligencias para determinar la edad de otros tantos inmigrantes no acompañados, de los que 136, casi la mitad, acabaron siendo diagnosticados como adultos.