La mayoría republicana quiere acabar con el déficit por mandato constitucional

Encabezados por los miembros del Tea Party, los republicanos que controlan la Cámara de Representantes votaron ayer las duras condiciones que imponen para evitar la suspensión de pagos de Estados Unidos: drásticos recortes del gasto público y una enmienda constitucional para prohibir por ley los presupuestos deficitarios. Es un paso simbólico destinado a satisfacer a las bases más conservadoras pero, al mismo tiempo, una muestra del difícil clima político en el que se trata de salvar esta grave amenaza para la estabilidad económica mundial.

Con la votación de ayer, los republicanos más radicales se dan la satisfacción de expresar claramente cuál es su camino preferido para gobernar este país. Quieren recortes de más de 100.000 millones de dólares este mismo año, sin considerar las consecuencias que eso tendría para el crecimiento económico, no quieren impuestos de ninguna clase y pretenden atar definitivamente las manos de cualquier Gobierno para gastar más de lo que ingresa, sean cuales sean las circunstancias.

Senadores centristas de ambos partidos negocian en privado una salida

De haber acuerdo, no abordará los problemas de fondo de la economía

No existe ninguna posibilidad de que una ley así sea ratificada por el Senado, donde los demócratas tienen mayoría y donde los propios republicanos, más moderados, tampoco respaldan una medida tan radical. Pero, por si acaso, el presidente Barack Obama ya ha anunciado que utilizaría su derecho de veto.

El paso dado por la Cámara de Representantes constituye, por tanto, un mero gesto para la galería, una forma de esquivar responsabilidades por lo que pueda ocurrir a partir de ahora y de decirle a los votantes estadounidenses que si la nación tiene déficit y aumenta su deuda es por culpa de Obama y de los demócratas.

Pero no va a venir de esta votación la solución al problema creado por la negativa del Congreso a permitir que la Administración asuma más deuda por encima de los 14,3 billones de dólares que tiene en la actualidad. Sin ese nuevo endeudamiento, el Gobierno se quedará sin dinero para hacer frente a sus pagos a partir del 2 de agosto y tendrá que declararse en quiebra, con las dramáticas consecuencias que eso puede significar en todos los ámbitos de la economía aquí y en el resto del mundo.

Lo que la votación de ayer prueba es que la negociación para evitar esa crisis ha estado hasta ahora y está todavía secuestrada por un sector del Partido Republicano que aprovecha esta situación para fijar su posición ideológica. Si ese sector acabase imponiéndose -hay más de 40 miembros de la Cámara de Representantes que responden a la disciplina del Tea Party-, el drama sería inevitable dentro de dos semanas.

Pero otro sector más moderado de la oposición está trabajando discretamente para impedir ese final dramático. Senadores centristas de ambos partidos negocian en privado un proyecto que permita al Gobierno asumir la deuda que necesita sin que los republicanos pierdan la cara.

No es fácil hacerlo, porque cualquier acuerdo al que se llegue en el Senado tendrá después que volver a la Cámara y conseguir los votos que se requieren para su aprobación. Se buscan, por tanto, fórmulas originales en las que nadie pueda declararse vencedor de esta batalla. Una de ellas es una maniobra parlamentaria para autorizar el endeudamiento sin una votación nominal; otra sería una compleja votación que recogiera el principio republicano de que se oponen a la deuda aunque la autoricen por presunta responsabilidad y patriotismo.

Las líneas que se han trazado en este conflicto son claras y rotundas: ambos partidos dicen estar de acuerdo en que hay que reducir el déficit, pero los republicanos quieren hacerlo mediante la reducción del gasto social -incluidos programas de ayudas a los pobres como Medicare o la Seguridad Social- y los demócratas prefieren hacerlo subiendo los impuestos a los ricos. La realidad sobre el déficit es mucho más compleja que esto, pero así es como este debate ha sido trasladado a la opinión pública.

Para que esta crisis acabe sin vencedores claros, cualquier solución tiene, por tanto, que ser diseñada sin recortes de los programas sociales y sin impuestos. Es decir, sin una verdadera reducción del déficit.

Las consecuencias de una suspensión de pagos serían tan desastrosas -EE UU podría dejar de pagar a los poseedores de bonos del Tesoro, entre otros China y Europa, tendría que cancelar los cheques a los veteranos de guerra, las agencias de calificación rebajarían la valoración de la deuda norteamericana...- que se confía en que se encontrará esta misma semana alguna salida. Pero, de ser así, cada día parece más probable que será una salida provisional, una solución para que el Gobierno pague sus compromisos hasta las próximas elecciones, no un acuerdo para resolver los problemas de fondo de la economía estadounidense.