Los republicanos se resisten a todo pacto que evite la quiebra

Barack Obama intenta, con la ayuda de un grupo de senadores moderados de ambos partidos, una solución intermedia y provisional que evite una catastrófica suspensión de pagos del Gobierno de Estados Unidos. Pero incluso esa alternativa, que va madurando discretamente en medio de una enorme tensión política en Washington, corre el riesgo de ser rechazada por la Cámara de Representantes, donde el sector radical del Partido Republicano está decidido a llevar al país al abismo antes que permitir que la Administración siga endeudándose.

"Se nos acaba el tiempo", dijo ayer Obama en la segunda conferencia de prensa esta semana dedicada a esta crisis. "Tienen horas para presentarme sus propuestas; si me ofrecen un plan serio, yo estoy dispuesto a aceptarlo". El presidente manifestó que sigue pensando que la mejor solución es la de aprovechar este momento para "hacer algo grande" que permita "estabilizar nuestras finanzas para una década". "No tenemos que hacer nada radical para conseguirlo", aseguró, "nosotros no somos Grecia, no somos Portugal". Pero asumió que eso es muy difícil en las circunstancias actuales -esencialmente porque los republicanos se niegan a acompañar los recortes presupuestarios con aumentos de impuestos- y se mostró dispuesto a una alternativa más modesta, que evite la quiebra y haga solo reducciones simbólicas del gasto.

La oposición insiste en limitar el déficit con un nuevo proyecto de ley

Las palabras de Obama no parecen haber impresionado a la oposición, que ha prometido seguir adelante con su idea de combatir como sea la deuda pública sin recurrir a ningún tipo de incrementos fiscales. Sin un acuerdo para la reducción del déficit, los republicanos se niegan a permitir un aumento del límite de endeudamiento del Gobierno, un paso imprescindible para que Estados Unidos pueda seguir asumiendo los pagos que le corresponden a partir del 2 de agosto.

"Hemos pedido un plan serio al presidente y lo único que hemos recibido son discursos", declaró ayer el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. "No permitiremos que este nivel de gastos continúe", añadió el líder del grupo republicano en la Cámara, Eric Cantor.

Lejos de ofrecerse conciliadora, la oposición ha anunciado que presentará la próxima semana en la Cámara "un verdadero proyecto antidéficit", que incluye una reducción del gasto público de más de seis billones de dólares en una década y la propuesta de una enmienda constitucional para obligar a cualquier Gobierno en el futuro a presentar presupuestos sin déficit.

Esa iniciativa aleja aparentemente cualquier opción de acuerdo, pero es difícil aún calcular cual es el verdadero propósito de un paso semejante. A estas alturas de la crisis, los dos partidos están tratando de salvar la cara ante su electorado y de salir victoriosos de esta batalla. De la percepción que el público tenga sobre el comportamiento de cada cual en estos días depende en gran medida el resultado de las elecciones presidenciales del año próximo. La apuesta política es muy grande y eso complica mucho la búsqueda de una solución.

Sin embargo, también es mucho lo que está en juego con la declaración de quiebra. "El mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros", ha advertido el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. La imagen de solvencia de EE UU, que ya se ha deteriorado notablemente, podría quedar hecha añicos si llega a suspender pagos, lo que con toda probabilidad obligaría a las agencias calificadoras a rebajar la nota de la deuda norteamericana, que se ha mantenido durante más de 70 años en la máxima AAA.

Por esa razón, al mismo tiempo que se anuncia firmeza en las posiciones, algunos senadores negocian con la Casa Blanca una fórmula que permita evitar la catástrofe. Se trataría de una solución que le permita al Gobierno asumir nueva deuda sin incluir recortes de los programas sociales ni aumentar impuestos. Es decir, una salida para sortear el plazo del 2 de agosto pero sin abordar seriamente el asunto del déficit. Los líderes demócrata y republicano en el Senado, Harry Reid y Mitch McConnell, negocian personalmente esa opción.

Resulta, no obstante, muy difícil de creer en estos momentos que la Cámara de Representantes vaya a aceptar un arreglo de esas características. Los republicanos en esa institución llevan diciendo desde hace meses que no van a autorizar nueva deuda si el Gobierno no se compromete a recortar el gasto, incluido y especialmente el gasto social. Para ellos esto no es una táctica electoral, es una posición filosófica y, desde su óptica, una prueba de coherencia. Para eso fueron enviados por los ciudadanos a Washington, para pararle los pies al Gobierno, y eso es precisamente lo que están haciendo. No importa si para conseguirlo tienen que llevarse por medio a toda la nación y poner en jaque a la economía mundial.