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Los exalcaldes de Boadilla se culpan mutuamente de negociar con Correa

Siguero reconoce que tuvo contacto con empresas de la trama corrupta

La decisión de poner en marcha la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) en Boadilla del Monte, una de las adjudicaciones millonarias investigadas en el caso Gürtel, fue del exalcalde del municipio Arturo González Panero. Así se expresó en su declaración ante el magistrado del caso, Antonio Pedreira, el exregidor Juan Siguero, imputado en la causa y sustituto de Panero cuando este fue imputado por su participación en la trama: "El anterior alcalde, González Panero, me comunicó que interesaba la oficina y nos desplazamos a Majadahonda en el coche del Ayuntamiento para ver las instalaciones", dijo Siguero al juez. Pese a acudir a Majadahonda no se entrevistaron con ningún cargo de este Consistorio: "No recuerdo bien con quién nos reunimos. Imagino que con las personas que estuvieran ahí: Isabel Jordán y otras", testificó.

De esta forma, Juan Siguero contradice las declaraciones realizadas por su predecesor en el cargo de alcalde de Boadilla, quien en declaraciones a EL PAÍS le acusó de contratar con el Gürtel: "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine. El juez tendría que investigarle a él antes que a mí".

No obstante, Siguero reconoce como verídica parte de la denuncia realizada por González Panero contra él. Así, dijo que envió a un empleado de Correa los pliegos del concurso por correo electrónico, e incluso que solicitó a Isabel Jordán [otra asalariada de Correa] un trabajo para su mujer. Pero lo hizo después de que Panero se lo encargara: "Se me encomienda, por parte del alcalde, realizar el pliego de condiciones para poder licitar el concurso". Y fue entonces, relató Siguero, cuando tomó contacto con los empleados del presunto cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, a quien negó conocer: "Hago consultas a Javier Nombela [empleado de Correa e imputado en el Gürtel] sobre el coste del servicio y cuántas personas pueden hacer falta".

Preguntado por la fiscal sobre de qué conocía a Nombela, Siguero contestó tras la insistencia de la responsable del Ministerio Público: "Le conocía de antes, imagino que me lo presentó el anterior alcalde de Boadilla [González Panero], pero no recuerdo bien...". Y justificó también que enviara a la empresa de Correa todos los pliegos y que incluso les pidiera que le comunicaran el presupuesto de la OAC antes de la adjudicación: "No todos los técnicos tienen la capacidad de conocer todas las materias. A veces hay que consultar con las empresas locales". También reconoció ser el autor de otro correo electrónico a Nombela en el que este le debía confirmar la cantidad económica a pagar.

La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) fue adjudicada finalmente a la empresa Easy Concept por más de 600.000 euros anuales durante un periodo de 14 años. "Tras iniciarse el servicio, la encargada de gestionarlo fue la concejal de Participación Ciudadana, Isabel Fernández Guzmán", dijo Siguero. Nada más estallar la operación policial, Siguero la cerró.

En su declaración ante Pedreira del 24 de febrero, que se alargó durante más de hora y media, Siguero también aborda otras presuntas adjudicaciones irregulares del Consistorio.

- Recogida de basuras. Las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sufi pagaron el 2% del presupuesto a Correa, según el sumario. Siguero reconoció haber elaborado "junto con los técnicos" los pliegos que sirvieron para la adjudicación a las empresas FCC y Sufi, que según el sumario pagaron varios actos del PP en el municipio. Entre otros, uno presidido por la entonces candidata Esperanza Aguirre en el que presentó el metro ligero. En este sentido, dijo, a preguntas de la fiscal, que era "normal" en Boadilla que las empresas pagaran el 2% para publicitar la gestión, y que estas cláusulas aparecieran en los pliegos. No obstante, aseguró desconocer si siempre ese 2% iba a parar a las empresas de Correa, tal y como asegura la investigación realizada por la policía judicial, con lo que de esta forma se estaría enmascarando la comisión del presunto cerebro de la trama corrupta.

- Parcela de José Luis Ulibarri. Siguero dijo no recordar bien su participación en la adjudicación de unas parcelas municipales por las que el empresario José Luis Ulibarri ofreció 35 millones de euros, un precio muy inferior al que realmente valían esos terrenos. Además, incumplió los plazos de ejecución para la construcción de viviendas: "Si fui miembro de la mesa de contratación... probablemente. No lo recuerdo, no recuerdo haber elaborado ningún informe técnico". No obstante, a preguntas de la abogada de Arturo González Panero recordó que el responsable de hacer los pliegos de esta parcela era el concejal Francisco Sánchez Arranz. En su declaración ante el magistrado Siguero, al igual que Ulibarri y Arturo González Panero, recordó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una querella del edil de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, reconocía que "todo estaba perfectamente en regla". En ese momento de la declaración Pedreira preguntó si era la sala de lo Contencioso-administrativo, algo que confirmó Siguero. Precisamente Pedreira había formado parte del tribunal, también formado por los magistrados Emilio Fernández Castro y Javier Casas Estévez, que avaló la adjudicación de Panero. Pero al no estar de acuerdo, Pedreira emitió un voto particular en el que solicitaba la admisión a trámite de la querella de Galindo y la declaración como imputado del exalcalde de Boadilla del Monte.

- Locales comerciales Siglo XXI. Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente. Siguero reconoció haber sido el autor de la cesión de la parcela desde el Ayuntamiento a la EMSV, presidida entonces por el que fuera concejal del PP del municipio Alfonso Bosch: "Yo, como concejal de Hacienda, lo único que hago es una cesión de terrenos del Ayuntamiento a la empresa del suelo. Y ahí termina mi competencia porque en ese momento yo no era miembro de la EMSV".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de julio de 2011