Boadilla recurre a los tribunales contra una empresa de la red 'Gürtel'

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) tiene previsto votar esta tarde en su Consejo de Administración la rescisión de uno de los contratos que el Equipo de Gobierno encabezado por el exalcalde Arturo González Panero, imputado por varios delitos en el caso Gürtel, adjudicó a las empresas relacionadas con la red corrupta encabezada presuntamente por Francisco Correa.

Se trata, en concreto, de la adjudicación realizada a la empresa Rústicas MBS S.L., en virtud del cual el Consistorio permitía la construcción y explotación de 33 locales comerciales y 178 plazas de garaje en la Avenida Siglo XXI del municipio. El motivo por el que se resuelve el contrato, según una nota difundida por el Ayuntamiento, es el impago por parte de la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín, otro de los imputados, del canon estipulado para la concesión.

Con esta medida, el equipo de Gobierno pretende recuperar para el patrimonio municipal estos locales y plazas de garaje. "Para ello la EMSV iniciará acciones legales para reclamar los daños y perjuicios producidos así como las cantidades no pagadas del canon correspondiente", explica la nota municipal.

Esta decisión del actual alcalde, Antonio González Terol (PP), da un vuelco de 360 grados con respecto a las decisiones adoptadas hasta el momento por el Ejecutivo local. Con el anterior regidor Juan Siguero el Consistorio pactó pagar hace menos de un años 7,1 millones de euros para recuperar los locales. Para que este acuerdo pudiera ser ejecutado tenía que tener el visto bueno del magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que mantiene intervenida la empresa Rústicas MBS y su sucesora, Artas Consultores. Pero este contrato contó con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular del caso Gürtel, ejercida por varios ediles del PSOE de Boadilla, entre los que se encuentra el portavoz socialista en Boadilla del Monte, Pablo Nieto. Juan Siguero acabó siendo imputado y el acuerdo entre el Ayuntamiento y el empresario Ramón Blanco Balín por un valor de 7,1 millones no llegó a tener efecto.

Y se paralizó gracias a que la Fiscalía Anticorrupción consideró que los 7,1 millones de euros a los que se había comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte a la sociedad Artas Consultores (Rústicas MBS) era una cantidad "excesiva". Estos locales comerciales fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario.

El sumario pone de manifiesto que el auténtico propietario de ambas firmas era Correa, por lo que permanece intervenida judicialmente. En un informe dirigido a Pedreira el fiscal justifica su oposición: "La suscripción del contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla. Este es el camino que ha adoptado ahora el consistorio de González Terol, que ha iniciado las acciones legales contra la empresa de la red Gürtel. Anticorrupción consideraba, además, que el acuerdo era perjudicial para este municipio porque el contrato de resolución de la adjudicación gozaba de una garantía de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago.

Además, la operación anterior auspiciada por el exalcalde Juan Siguero contó con el rechazo de la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su "disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y PSOE), ya que la hasta hace unos meses la edil Rosalía de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales, también imputado en el caso) participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operación que permitía que una de las empresas de Correa se hiciera con 7,1 millones de euros del Ayuntamiento de Boadilla.

Por otro lado, la EMSV incluye en su orden del día de esta tarde la resolución de la concesión administrativa concedida a la firma Claco Golf S.L., por un plazo de 10 años, como resultado del "reiterado incumplimiento" de las obligaciones de la adjudicataria y por el impago del canon o arrendamiento establecido, según el Ayuntamiento. La concesión es una instalación deportiva de minigolf ubicada en un complejo residencial situado en la Avenida Isabel de Farnesio. La empresa municipal del suelo requerirá, a instancias del equipo de Gobierno, la restitución de esta instalación así como la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios que el adjudicatario haya podido causar, relata el consistorio.

Por último, el equipo de Gobierno del PP ha aprobado hoy incoar el expediente e iniciar acciones judiciales contra la constructora Dico-Harinsa Obras (DHO) "por el incumplimiento de sus obligaciones como empresa adjudicataria de la ejecución de las obras del pabellón cubierto municipal, situado en la calle Julio Caro Baroja. Con la resolución de este contrato el Ayuntamiento pretende recuperar la obra para poder finalizarla, actualmente se encuentra parada, y ponerla cuanto antes al servicio de los vecinos de Boadilla".

"Estamos actuando con rapidez y determinación para resolver todo contrato en el que se detecten incumplimientos que van en perjuicio de los intereses del municipio. Esto incluye tanto recuperar patrimonio municipal comprometido mediante concesiones inadecuadas como reiniciar obras paradas", explicó el actual alcalde.