Una empresa de Correa explotó 32 locales en Boadilla sin pagar

Una empresa de la supuesta trama de corrupción urdida por Francisco Correa dejó sin pagar durante tres años una concesión para construir y explotar 32 locales del Ayuntamiento de Boadilla, regido entonces por el imputado por el caso Gürtel Arturo González Panero y con el que mantuvo a través de sus diversas empresas una incesante actividad. Además, esta compañía de la supuesta red consiguió que en abril de 2008 le rebajaran el canon anual de 320.000 euros a 81.000 por la explotación de estos locales, situados en la mejor zona comercial del municipio.

En realidad, nunca llegaron a aportar ni un euro. Hasta el 31 de diciembre de 2008, más de tres años después de la concesión, la compañía no había abonado ningún pago, según figura en la memoria de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS).

El negocio, que Correa definió en su día como una buena oportunidad para "llevarse unas pesetillas", se completaba con el alquiler de dos de esos cubículos al propio Ayuntamiento. Uno a la EMSV, que otorgaba la concesión tras concurso público, y otro a la comisaría de la Policía Local.

Por ambos arrendamientos, más varias plazas de un aparcamiento que también gestionaba esta compañía, Rústicas MBS (que al poco pasó a llamarse Artas Consultoría y siempre estuvo administrada por el también imputado José Ramón Blanco Ballín), perciben 199.000 euros anuales.

La historia comienza en septiembre de 2005, cuando la EMSV de Boadilla -cuyo gerente era Alfonso Bosch, el aún diputado regional del PP y también imputado en la causa que inició el juez Baltasar Garzón- otorgó a Rusticas MBS la explotación de 32 locales por un canon anual de 320.000 euros durante una duración de 94 años. Un precio ya de por sí fuera de mercado. Por la explotación de los 32 locales, según los precios estimados de la zona, podrían haber ingresado 650.000 euros al año.Estos datos figuran en la memoria de la EMVS de Boadilla de 2008. Unos documentos que antes de las dimisiones de los imputados Bosch, González Panero, José Galeote y Tomás Martín Morales, todos ellos parte de la empresa, jamás salían a la luz. En las grabaciones que conformaban parte del sumario que abrió el juez Baltasar Garzón, Bosch se jactaba de la posibilidad de ganar con los negocios de la trama "un pastón" y Correa de la sencillez del asunto: "Alquilamos los locales y nos ganamos unas pesetillas".

Durante la reunión en la que a finales de 2005 se concretó la adjudicación -a la que concurrieron otras dos empresas-, Bosch, en su calidad de gerente, explicó que la idea era "conseguir que vinieran negocios atractivos a la zona". Varios de los locales aún permanecen vacíos. El diputado regional, cuya inculpación ahora se ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dimitió el pasado lunes de su cargo. Bosch está acusado de cobrar comisiones millonarias por conceder contratos a empresas de la trama.

"La opacidad de la empresa era absoluta", confirma Pablo Nieto, concejal socialista y consejero de la propia EMVS. Un cargo desde el que vislumbró el alcance de la trama, pese a que siempre se le negaron los documentos que pedía. "Esta adjudicación es el más claro ejemplo de la desfachatez e impunidad con la que actuaba la trama de corrupción en Boadilla", comenta Nieto, que adelanta que su grupo pedirá la inmediata rescisión del contrato.

Sin embargo, en abril de 2008, cuando la empresa Artas Consultoría, por entonces la adjudicataria tras la disolución de Rústicas MBS, no había pagado todavía nada por los locales, se aprobó reducirles el canon a 81.000 euros anuales. El argumento que entonces se dio a la oposición fue que debían reformar el aparcamiento y hacer dos rampas.

Además, en la deuda que la EMSV reconoce que tiene con ellos la empresa, se suman 283.077 euros. Una cantidad que, dividida entre los 33 meses que adeudaban a 31 de diciembre de 2008, arroja una cuota de algo más de 80.000 euros anuales. "Es decir, que la rebaja en el canon se efectuó de manera retroactiva", según apreciación de Nieto.