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La red de corrupción vinculada al PP

El alcalde de Boadilla cedió locales a la trama por un precio ridículo

Un 'pinchazo' a Correa confirma que el ex regidor estaba en la red

El 12 de diciembre de 2007, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, se lo confirmaba a su interlocutor en el hotel Fénix, de Madrid. Arturo González Panero, entonces alcalde de Boadilla, había adjudicado 32 locales comerciales "en unas condiciones muy ventajosas", a la empresa de José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.

Así quedó grabado en las conversaciones incluidas en el sumario de Garzón. González Panero otorgó a Rústicas MBS 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros. A cambio Rústicas gestionarían el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. Entre sus clientes, además, está el propio Ayuntamiento, que les arrienda uno de los locales por 104.000 euros anuales para instalar allí su comisaría de policía, según ha denunciado la oposición socialista.

Un implicado en la trama se hizo con una parcela para 139 viviendas

No fue la mejor oferta, pero tenía que acabar las casas en 16 meses. No están listas

En esa adjudicación también figura, como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Alfonso Bosch. Este hombre, mencionado en varias ocasiones en el sumario, es diputado regional por el PP. Bosch también figura en el capítulo para el intento de construir una residencia para ancianos previa tala de 250 árboles en un monte. "Yo ganaba un pastón", asegura la cadena SER que fue el comentario de Bosch en una conversación grabada. No fue así porque se abandonó el proyecto cuando estaba a punto de votarse."José Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas", es la descripción del negocio que hizo Francisco Correa, según las grabaciones aportadas al sumario de Garzón. Unas "pesetillas" obtenidas a través de unas parcelas para construir los locales comerciales que están en una zona muy conveniente para instalar un negocio. "Es un sitio cojonudo", aclara un concejal del Consistorio. Un lugar muy bueno con un precio excelente. Además, la concesión incluye un aparcamiento de 180 plazas.

Rústicas lo construye y lo alquila. A cambio, paga 320.000 euros anuales al Ayuntamiento. El propio Consistorio ha decidido alquilar uno de los locales, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, para instalar allí su comisaría de Policía Local. Ha presupuestado 104.000 euros anuales para ello, según la oposición, y ya ha comenzado las obras de acondicionamiento del lugar. Ese alquiler supone un tercio de lo que le paga Rústicas, a la que aún le resta por sumar el alquiler de los otros 31 locales y la explotación del aparcamiento. Los locales tienen una media de 120 metros cuadrados. El precio estimado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler.

Durante una reunión de la EMSV, Bosch, en su calidad de gerente, explica que la idea es "conseguir que vengan negocios atractivos a la zona". Es su réplica a Enrique Hernández Fernández, del PSOE, que considera que "ninguno de los tres proyectos presentados cumple con lo programado inicialmente". Por ello, prosigue, "que se puede declarar desierto el concurso porque está desvirtuado". No fue así. En marzo de 2007 se traspasan los derechos a Artas Consultoría, cuyo único administrador es el propio Blanco.

Otro apartado en las irregulares concesiones de González Panero, es la adjudicación a UFC, empresa de otro imputado, José Luis Ulibarri, de una parcela para construir 139 viviendas, de precio libre, en noviembre de 2005. La oferta de UFC no era la mejor, 35 millones, pero el Ayuntamiento valoró el compromiso de levantar los pisos en menos de 16 meses. Aún no están terminados. La oposición, tanto PSOE como Alternativa por Boadilla, ha denunciado el asunto en muchas ocasiones. De hecho, una demanda de Ángel Galindo, de Alternativa, fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

Las concesiones y contratos de Arturo González Panero, obligado a dimitir por el PP el pasado martes, fueron uno de los motivos por los que el grupo popular se partió en el Ayuntamiento. El alcalde pretendía construir una residencia de mayores, previa tala de 250 árboles, algunos de ellos centenarios. La número 2 del Ayuntamiento, María Jesús Díaz, que ha abandonado el Consistorio, se opuso. González Panero expulsó a Díaz del equipo de gobierno en diciembre cuando ésta se presentó como candidata a la presidencia del PP local, disputándole el cargo. Díaz obtuvo 134 votos y González Panero, 186.

Otra de las irregularidades afecta a Tomás Martín Morales. "Quería que Tomás fuera concejal y por eso se inventó un puesto para él", explica una fuente cercana al grupo popular. El puesto "inventado" es el de director general de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un cargo que, según ha denunciado la oposición, no puede existir en municipios menores de 250.000 habitantes. Boadilla tiene cerca de 50.000.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de febrero de 2009