La Junta recoge del juzgado las 480 actas de los Consejos de Gobierno

La Junta de Andalucía recuperó ayer las 480 actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de la última década. La juez que investiga el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, reclamó esta información hace tres meses ante el temor de que las actas "pudieran alterarse", una decisión que la Audiencia de Sevilla tumbó el pasado 5 de julio. El tribunal consideró que no estaba justificada la desconfianza hacia el Ejecutivo andaluz.

Dos funcionarios de la Consejería de la Presidencia recogieron, escoltados por dos agentes de policía, los 11 sobres con las actas de las reuniones del Gobierno, que se hallaban depositadas en un armario blindado en los juzgados de guardia de Sevilla, custodiados por la Guardia Civil. Las transportaron en bolsas hasta una pequeña furgoneta para trasladarlas hasta el palacio de San Telmo, sede la presidencia de la Junta.

La desconfianza hacia la Junta era injustificada según la Audiencia sevillana

En el acto de devolución han intervenido la secretaria del decanato de jueces y el secretario del juzgado que dirige Alaya, quienes certificaron su recogida por parte de representantes de la Administración autónoma, entre ellos, letrados de la Junta, informa Efe.

La juez Alaya considera que para su investigación necesita conocer las actas de los Consejos de Gobierno, toda vez que uno de los hechos de sus averiguaciones se centra en saber si hasta la mesa del Gobierno andaluz llegaron los reparos de la Intervención General de la Junta sobre el procedimiento seguido para tramitar las prejubilaciones de los ERE. El otro hecho que investiga es la presencia de intrusos o personas que cobraron sin tener derecho a ello dinero público al estar incluidos en los listados de prejubilados de empresas en crisis. Según la investigación interna de la Junta, 72 polizones, de un total de 5.982 trabajadores, recibieron de manera irregular las ayudas. También hay 111 personas cuya presencia en los ERE presentan dudas. El dinero defraudado asciende a nueve millones.

La última palabra sobre si la instructora puede acceder a las actas del Gobierno la tendrá la Sala de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo. La Junta mantiene que, en virtud de la ley de Gobierno, solo el poder Ejecutivo puede decidir si levanta la reserva sobre esta información. Esta tesis la comparte el fiscal de la Sala de Conflictos.

Pese a que en el mismo momento en el que la Junta de Andalucía planteó la demanda de jurisdicción la juez debió trasladar el caso, Alaya ha esperado tres meses hasta que se pronunció la Audiencia.