El PP usa el caso en su ofensiva contra Rubalcaba

El PP está en plena ofensiva contra Alfredo Pérez Rubalcaba y, por eso, hace lo imposible para utilizar la investigación judicial a la SGAE contra el candidato socialista.

A los populares no les basta la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como pieza política, y dan por amortizado al presidente del Gobierno, así que se lanzan contra el vicepresidente primero. Por eso, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Grupo Popular ha presentado una interpelación a Rubalcaba para el pleno del Congreso del próximo miércoles sobre la responsabilidad del Ejecutivo en la vigilancia y control de esta entidad y por la relación con el Ministerio de Industria.

El Gobierno tiene la capacidad de decidir qué ministro contesta a la oposición, pero el PP está dispuesto a mantener la bronca si Rubalcaba rechaza responder. Todo podría variar si antes del miércoles se precipita la salida del Gobierno del ya candidato socialista. La ministra de Cultura ha pedido comparecer para dar explicaciones en la Comisión del Congreso y solo falta saber la fecha en que lo hará.

Para mantener la presión sobre este asunto, los populares lo llevarán al Congreso el martes, al someter a debate y votación una proposición no de ley sobre la propiedad intelectual y pidiendo la modificación del llamado canon digital que con tanto ardor defendieron los responsables de la SGAE.

La tesis del PP para intentar desgastar a Rubalcaba con la SGAE se basa en intentar demostrar que hay, como mínimo, una cierta afinidad entre el vicepresidente primero y los autores, ya que se ha incumplido la exigencia judicial y legal de modificar el canon digital.

Explican que la ley de Economía Sostenible obligaba a esa reforma antes del 6 de junio. Para completar esa argumentación, el PP utiliza una conversación entre dos imputados en el caso, recogida en el auto de libertad, en el que hablan de una especie de subvención del Ministerio de Industria. "El Ministerio de Industria no es un banco, esto no lo está haciendo como un tema financiero, lo está haciendo de política, es una política", asegura uno de los imputados.

El PP pretende hacer compatible esta tesis de la relación del Gobierno con la SGAE con la crítica a Rubalcaba por utilizar, como ministro del Interior, las Fuerzas de Seguridad a su antojo, en operaciones como esta. De hecho, el ministro de Fomento, José Blanco, se preguntó si al PP "le molestan" las detenciones de miembros de la SGAE.

La tesis del Gobierno es que carece de competencias para fiscalizar a la SGAE, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997.