Rubalcaba presenta las medidas para aliviar a los más castigados por la crisis

El primer Consejo de Ministros posterior al debate del estado de la nación, celebrado ayer, lanzó el mensaje inequívoco de la voluntad política de José Luis Rodríguez Zapatero de agotar su mandato hasta marzo. Aprobó un decreto ley, de contenido social y vinculado a paliar los efectos de la crisis económica en hipotecados, Ayuntamientos y emprendedores. A la par, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó en la reunión del Gobierno un paquete de 27 proyectos, pendientes de tramitar de julio a final de año.

Este nuevo grupo de medidas fue presentado ayer por el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el nuevo candidato del PSOE para las elecciones generales, apenas dos días después de finalizado el debate de la nación, en el que se mantuvo en un segundo plano. Ayer no. Era su plataforma y su momento. Rubalcaba aprovechó tras el Consejo de Ministros para subrayar la capacidad del Gobierno para agotar la legislatura por los apoyos parlamentarios con que cuenta -PNV, Coalición Canaria y UPN-, manifestados en el debate del estado de la nación. Y también para colocar el mensaje político de que al Gobierno "no le faltan las ideas", en contraste con el líder de la oposición, su futuro rival, Mariano Rajoy, que "no parece tenerlas".

El Gobierno trata con su iniciativa de rebatir la tesis de adelanto electoral

Jáuregui recuerda al Consejo de Ministros las 27 leyes pendientes

Frente a la insistencia de Rajoy durante el debate del estado de la nación de considerar que el Gobierno ya está agotado, La Moncloa quiso ayer desmentirlo y mostrar su capacidad de iniciativa política. En 36 horas y con un manifiesto esfuerzo de coordinación entre ministerios puso en marcha las medidas que el presidente Zapatero anticipó en el debate.

Las mejoras para los hipotecados habían sido pactadas con el PP y CiU el jueves, al final del debate. Pero el Consejo de Ministros también introdujo en el decreto otras, como el alivio de la morosidad de los Ayuntamientos con las empresas, debido a la crisis, y el establecimiento de unas reglas de contención del déficit para municipios.

El Gobierno pretende trasladar esas reglas de austeridad a las comunidades autónomas por la vía del acuerdo político en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este mismo mes se celebra una sesión de dicho consejo, a la que el Gobierno concede mucha importancia. Confía en contar con la buena disposición de las comunidades gobernadas por el PP, mayoritarias desde las elecciones del pasado 22 de mayo.

El paquete se completó con otra iniciativa de apoyo a los emprendedores, con la intención política de contribuir a cambiar el modelo económico al incentivar la inversión productiva en detrimento del ladrillo. El PP de Rajoy anunció una ley de emprendedores durante el debate.

En la misma sesión del Consejo de Ministros, el titular de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó un paquete con una treintena de proyectos para culminar la legislatura. El Gobierno tiene previsto aprobar en julio un primer grupo, como la Ley Concursal; del Registro Civil; del dinero electrónico; del depósito legal y de la agilización procesal. Otra veintena de leyes, entre las que figuran la de víctimas del terrorismo; la de inspección del trabajo; la reforma del Mercado de Valores y de Telecomunicaciones, quedan para el último cuatrimestre del año.

Más allá de estas leyes, uno de los objetivos claves de la permanencia del Gobierno hasta marzo es culminar, en el último trimestre del año, el saneamiento del sistema financiero. La Moncloa cree prioritario ese objetivo, en este momento, para alejar el riesgo de las turbulencias financieras sobre España y lograrlo antes de convocar las elecciones en enero de 2012. Fue precisamente este argumento el que utilizó el jueves el expresidente socialista Felipe González para defender que no se adelanten las elecciones.

El otro objetivo clave del Gobierno es asegurarse la aprobación de los Presupuestos de 2012. Ayer, Iñigo Urkullu, presidente del PNV, el partido que tiene la llave de dicha negociación una vez que CiU se aproxima al PP, confirmó su disposición a hablar en septiembre.