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Editorial:

Debate copernicano

El PSOE confía en que podrá agotar la legislatura mientras que el PP comienza a exhibir sus planes

El debate sobre el estado de la nación ha modificado significativamente el ánimo del Gobierno y del PSOE. El presidente del Gobierno considera, aunque le contradigan las encuestas, que fue él quien salió vencedor, en cuanto que ofreció una política económica perfilada, fundada en las exigencias de rigor fiscal que impone Bruselas, y un rosario de reformas económicas pendientes (financiera, laboral) que proporcionan materia para el debate y la negociación política durante lo que resta de legislatura. Pero el hecho fundamental, sin el cual el Gobierno no podría pretender agotar los plazos de mandato hasta marzo de 2012, es que vislumbra la posibilidad de mantener la estabilidad parlamentaria durante los próximos ocho meses; y en ese tiempo, gracias el apoyo de los partidos nacionalistas, el Ejecutivo cree tener margen, al menos teórico, para intentar recuperar algo de la credibilidad perdida siempre que convenza a la opinión pública de que la política económica de austeridad y rigor, de disminución de las rentas en suma, es la mejor posible para la castigada economía española.

Frente a los ánimos aparentemente reforzados de Zapatero, al Partido Popular le sigue costando desvelar sus ideas y planes económicos. Una práctica que llama la atención en un partido que aspira a gobernar. En la última jornada del debate, el PP empezó a mostrar algunas de las medidas económicas que apadrina, aunque siempre a medias. Incurriendo en el mismo error que achacó al PSOE con los denominados Pactos de Zurbano, los populares han pretendido disimular tras el elevado número de propuestas las dudas sobre su contenido. Las líneas maestras se reducen a dos: establecer límites legales a la gestión económica del Gobierno y utilizar selectivamente la fiscalidad para estimular la creación de empleo. Aun en el supuesto de que las propuestas resultaran eficaces, ambas orientaciones poco tienen que ver con las reformas que exige la situación de la economía española y que el PP no deja de reclamar al Gobierno de Zapatero.

La prolijidad no es sinónimo de calidad. La iniciativa del PP parece regresar al momento en que el Gobierno se decidió a reconocer la crisis y anunciaba un día tras otro ingentes baterías de acciones minúsculas. Como este, la formación de Rajoy pretende volver a hacer ruido sin nueces. Por desgracia, anunciar varias decenas de retoques en los tipos e incentivos fiscales no constituye, a estas alturas, ningún estímulo para el crecimiento (para que lo fuera, la inyección fiscal tendría que ascender a unos 25.000 millones de euros, cantidad inasumible por desorbitada), ni un remedio efectivo para afrontar los problemas de financiación de la deuda y reactivar la demanda interna.

Si la trascendencia económica de las medidas del PP es dudosa, su significado político resulta esclarecedor. Mariano Rajoy y su equipo se encuentran a la búsqueda de un difícil equilibrio entre la necesidad de ir mostrando el contenido de su programa y el deseo de evitar que se convierta en objeto de debate, desplazando, así, el foco de atención que ahora recae por entero sobre la deficiente gestión económica del Gobierno y que acentúa su desgaste. Con esta estrategia, no tienen problema en sumarse a iniciativas que teóricamente ganan votos entre los ciudadanos, como la propuesta, suscrita por el PSOE y CiU, de reducir la parte del sueldo que puede ser embargada en caso de impago hipotecario. El PP sabe que, de llegar al Gobierno, las reformas que vaya a aplicar tendrán que ir más allá de la línea marcada por Rodríguez Zapatero. Por eso también le interesa que este sí llegue lo más lejos posible. Cuanto más trabajo quede hecho, mejor para Rajoy.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de julio de 2011