El PSM resucita la sospecha del copago sanitario y pide una auditoría

Tomás Gómez resucitó ayer a su fantasma favorito de la campaña electoral: el copago sanitario. La excusa se la dio la fundación FAES, fábrica de ideas del PP, a la que Mariano Rajoy ha pedido un informe sobre este modelo de financiación que tanto recelo despierta de puertas para afuera en los dos partidos. Y, asociando ideas, Gómez hilvanó la propuesta con la alerta que dieron las constructoras de los siete últimos hospitales de la Comunidad de Madrid, que reclamaron 80 millones de euros al Gobierno regional y advirtieron del riesgo de "colapso" en las concesiones. También reclamó examinar las cuentas. Los socialistas, dijo, "saben que hay facturas debajo de las alfombras y en los cajones".

UPyD renuncia a su representación en el Consejo de Telemadrid

El portavoz del PSM en la Asamblea, que convocó una rueda de prensa al término del pleno de ayer, exige al Gobierno regional que haga pública la deuda sanitaria y someta las cifras a una auditoria externa, como la anunciada por Aguirre en la Consejería de Justicia. Ayer receló de que la presidenta haya pedido ese control tras sustituir a su número tres, Francisco Granados. "Parece que algo no huele muy bien y cuando hay humo suele haber debajo un incendio", señaló el portavoz del PSM sobre ese anuncio.

¿Qué quiere conocer Gómez de los gastos sanitarios madrileños? Para empezar, reclama que se hagan públicas las cuentas del Servicio Madrileño de Salud, un organismo que la Cámara de Cuentas -el órgano de control del sector público de la Comunidad- considera "deseable" incluir entre los entes especiales que deben presentar información detallada de sus cuentas.

El diputado y senador socialista pidió explicaciones a la presidenta Aguirre sobre el "conflicto" económico con las constructoras de los hospitales. Fue Gómez quien hizo pública durante un debate electoral la carta que la patronal Seopan (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España) envió en abril a la Comunidad de Madrid, en la que reclamaban 80 millones y un aumento del canon anual en 9,2 millones más, además de revelar que han puesto 20 recursos contra el Gobierno regional por supuestos incumplimientos.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez, le replicó después en declaraciones a Efe que, si tiene dudas sobre la implantación del copago, vaya a un centro de salud e intente pagar con su tarjeta de crédito "y que luego traiga el resguardo".

El pleno convocado ayer, que duró menos de una hora, sirvió para nombrar a los nuevos senadores y a los miembros de los Consejos de Administración de Telemadrid y de la delegación regional de RTVE. Habrá 17 consejeros en lugar de los 18 previstos. UPyD renunció, como había anunciado, a su representante en ambos organismos de control de las televisiones públicas. Sus ocho diputados votaron en contra de los nombramientos, frente a los 119 votos a favor del resto de formaciones políticas.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, mostró en el pleno su desacuerdo "con la trayectoria de Telemadrid". Considera que "desde dentro es difícilmente modificable" el modelo y reclamó una proposición de ley para conseguir "objetividad, pluralidad y servicio público" en la cadena pública autonómica porque "ninguna de estas tres funciones las cumple ni de lejos". Henríquez de Luna le replicó que "lo leal, coherente y lógico" es hacer propuestas "desde dentro de las instituciones" y consideró que "defrauda" a sus electores renunciando a los consejeros. "Fíjese si lo queremos cambiar que hemos pedido públicamente su privatización", comentó el portavoz popular. De Velasco dio los mismos argumentos para su renuncia en RTVE aunque, apostilló, "en el campeonato del sectarismo, Telemadrid gana de lejos".