Papandreu se juega el futuro de Grecia

Al borde del abismo de la quiebra, el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, afronta las últimas horas previas a la decisiva votación en el Parlamento del plan de ajuste 2012-2015 en medio de una doble contestación: la rebelión de algunos parlamentarios de su propio partido, que podrían oponerse al mismo, y la de la ciudadanía, que ayer secundó mayoritariamente la primera jornada de una huelga general de 48 horas que ha paralizado el país.

El ultimátum de la Unión Europea para que Grecia saque adelante un plan que en cinco años prevé ingresos de 28.400 millones de euros en impuestos y 50.000 más por privatizaciones de empresas estatales, contrasta con el balón de oxígeno que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, concedió anteayer al Ejecutivo griego, al garantizar hasta 30 años de refinanciación de la deuda en manos de los bancos franceses.

El Gobierno rebusca apoyos entre pequeños partidos de la Cámara

La huelga general paraliza los transportes y los servicios públicos

Pero la incertidumbre que provoca la votación de hoy y, aún más, la aparente inexistencia de un plan B por parte de Europa en caso de que el Parlamento rechace el proyecto de ley, no hacen sino añadir desasosiego al thriller, como los medios de comunicación locales han bautizado el penúltimo episodio de la crisis. Como si de una apuesta a todo o nada se tratara, Papandreu se juega hoy el futuro de Grecia a una sola carta.

Tanto el jefe del Ejecutivo como el ministro de Finanzas, Evánguelos Venizelos, han recurrido en las últimas horas al discurso del patriotismo para espolear la responsabilidad de sus diputados. "Nuestra responsabilidad como griegos exige sacar adelante el plan de ajuste", alentó Papandreu a la Cámara. Pero cuatro diputados del gubernamental Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) han manifestado distintos grados de oposición, y se desconoce cuál será su postura definitiva.

Círculos políticos especulaban ayer con la posibilidad de que algunos parlamentarios de Nueva Democracia (centro-derecha, principal partido de la oposición), rompan la disciplina de voto y se pronuncien a favor. En el alero están también los cinco posibles síes de Alianza Democrática, el partido de Dora Bakoyanis.

En el peor de los pronósticos, y salvo sorpresas de última hora, Papandreu contará hoy con el voto de 151 diputados (la semana pasada superó una moción de confianza con 155). Un apoyo por la mínima, pero técnicamente suficiente, para sacar adelante el nuevo programa de austeridad, que solo este año contempla un aumento de impuestos de 2.300 millones.

La UE y el Fondo Monetario Internacional exigen que salga adelante ese plan para desbloquear el quinto tramo (12.000 millones de euros) del rescate acordado en mayo del pasado año. Si ese dinero no llega, el Estado no podrá pagar en julio los sueldos de los funcionarios ni las pensiones de los jubilados.

Por si Papandreu no tuviera bastante con dos frentes abiertos, la jornada de ayer le deparó otro dardo envenenado: las críticas del gobernador del banco central, Yorgos Probópulos, al programa de ajuste, basado a su juicio en una excesiva presión fiscal y un escaso recorte de gastos. En declaraciones al diario Kathimerini, Probópulos señalaba: "La política presupuestaria hasta el momento ha estado principalmente basada en aumentos de impuestos y no concede suficiente importancia a la reducción de gastos. Echar todavía más impuestos sobre las espaldas de los contribuyentes ha desbordado su paciencia". Si el Gobierno luchara más contra el fraude, añadía Probópulos, "podrían bajarse impuestos en algunos sectores para acelerar la recuperación. Atajar la evasión fiscal es absolutamente crucial y ello además aumentaría la sensación de justicia entre la población, así como su apoyo a las medidas de austeridad".

Lo decían con otras palabras varias pancartas enarboladas en una de las manifestaciones de ayer: "No podemos más". Otras indicaban un más que plausible escenario de futuro: "No vamos a pagar". La cuarta huelga general del año sacó ayer a las calles de Atenas a unas 20.000 personas -menos que en la tercera, hace dos semanas- y a unos pocos centenares de encapuchados, que, armados de banderas negras, sofisticadas máscaras antigás y mazos, reventaron la indignada tranquilidad con que habían discurrido las dos marchas de la mañana.

El mismo escenario se reprodujo en las concentraciones celebradas a última hora de la tarde, con el resultado total de decenas de heridos y una veintena de detenidos. Alrededor del Parlamento se desplegaron más de 4.000 policías, que se vieron desbordados en determinados momentos por las tácticas de guerrilla urbana de los grupos antisistema.

La huelga, liderada por los dos sindicatos mayoritarios, la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE, sector privado) y Adedy (función pública), se dejó sentir especialmente en astilleros, refinerías, medios de transporte -salvo el metro de Atenas, que la des-convocó de madrugada-, puertos y empresas metalúrgicas.

El puerto del Pireo, el mayor de pasajeros del país, secundó por completo la convocatoria, bloqueado por piquetes del sindicato comunista Pame. En los aeropuertos hubo paros intermitentes de los controladores, con los consiguientes retrasos y algunas cancelaciones de vuelos. "La respuesta a la huelga ha sido prácticamente total", señalaron en un comunicado los dos sindicatos convocantes. No hubo estimación oficial.

Algo menos de seguimiento -un 80%, según GSEE y Adedy- tuvo el llamamiento en oficinas de la Administración, construcción, bancos y empresas semiestatales de servicios públicos. Los medios de comunicación interrumpieron su trabajo a mediodía durante cinco horas. En la calle, las numerosas huelgas sectoriales celebradas desde enero desinflaron en parte una respuesta que hoy, coincidiendo con la votación del plan de ajuste, puede recrudecerse.

"En mi empresa llevamos siete huelgas en lo que va de año, es normal que la gente esté cansada. Además, van a producirse episodios violentos, y mañana aún más, y eso retrae a la gente", decía antes de iniciarse los disturbios el sindicalista Aristotelis Majanikas, de la empresa de distribución de aguas de Grecia, pendiente de privatización.