Mal momento para una buena noticia

La aprobación ayer de la Estrategia Española de Seguridad (EES) es, sin ningún género de dudas, una buena noticia. Por fin, nos dotamos de un documento clave en el que se definen nuestros intereses (aunque con una formulación demasiado genérica), los potenciadores de riesgos y las amenazas que nos afectan (mucho más allá de los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado o la proliferación de armas de destrucción masiva, para incluir ciberataques, emergencias y catástrofes, inseguridad económica y financiera, flujos migratorios descontrolados o vulnerabilidad energética) y los instrumentos necesarios para hacerles frente.

Como resultado de un ejercicio impulsado en primera línea por Javier Solana -incorporando a expertos civiles y militares, representantes de partidos políticos y actores de la sociedad civil-, España asume el enfoque integral de la seguridad como una necesidad que lleva más allá de la defensa. Así hay que interpretar la decisión de crear un Consejo Español de Seguridad (que implica la desaparición del Consejo de Defensa Nacional). También se apuesta por una actitud anticipatoria y preventiva, que debe contaminar positivamente y con un alto grado de cooperación a los instrumentos diplomáticos, económicos, de protección civil, de cooperación al desarrollo, así como a las Fuerzas Armadas y de seguridad y a los servicios de inteligencia. En esa misma línea, la creación de la Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE) es una decisión acertada, aunque delicada si no se evita la tentación gubernamental de intrusión en la esfera de responsabilidad de organizaciones lógicamente celosas de su independencia.

La Estrategia Española de Seguridad se sitúa al nivel de países como Reino Unido o Francia

El reto es evidente: pasar de una cultura de defensa (básicamente militar) a otra de seguridad en la que el componente militar pierda protagonismo -aunque siga siendo central en tareas de disuasión y como último recurso-, para compartirlo con actores públicos y privados civiles, económicos y culturales, todos ellos poco acostumbrados a colaborar (y mucho menos a subordinarse) con otros. Aunque en teoría es ampliamente aceptada la necesidad de la coordinación de esfuerzos en el mundo globalizado de hoy, en la práctica nadie quiere ser coordinado (por entender que eso equivale a plegarse a las directrices de otros). Para tratar de paliar esos problemas el Foro Social de expertos, que la EES contempla como órgano consultivo, puede resultar un mecanismo útil.

Por otro lado, también se asume que la frontera entre seguridad interior y exterior ha desaparecido y que, como corresponde a una potencia media con intereses globales, es obligado apostar por una mayor cooperación en el marco de las organizaciones multilaterales (ONU, OTAN y UE) con las que se comparten valores e intereses. Solo cabe añadir que si OTAN es una realidad inexcusable hoy, aunque su futuro es cada vez más oscuro, la ONU debe ser un desiderátum permanente, mientras que la UE debe constituir la referencia principal a potenciar.

Por decirlo de manera telegráfica, la EES se sitúa al mismo nivel que las existentes en países de nuestro entorno, como Reino Unido o Francia. Con su aprobación, el Gobierno cumple su promesa de ponerla en marcha dentro de esta legislatura. Pero a partir de ahí es inmediato concluir que nace en un contexto inequívocamente negativo. Por un lado, porque la profundidad de la crisis económica plantea enormes interrogantes sobre la posibilidad real de llevar a la práctica cualquier decisión que tenga implicaciones presupuestarias. Las urgencias que impone la delicada situación económica del país absorbe la práctica totalidad del esfuerzo gubernamental, hasta el punto de que la aprobación de la Estrategia haya sido una sorpresa, cuando al no haberse cumplido el calendario inicialmente previsto (noviembre de 2010) se llegó a pensar que ya no vería la luz pública.

Por otro, y esto es lo más negativo, porque el clima preelectoral que vive España desde hace meses da a entender que será prácticamente imposible contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas para evitar que se convierta de inmediato en papel mojado. No es fácil vislumbrar cómo se logrará en estas condiciones activar o potenciar el Consejo Español de Seguridad, el Sistema de Inteligencia Económica, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado o el Foro Social. No parece que estas vayan a ser prioridades claras en el corto tiempo que queda hasta la próxima cita electoral. Además, señales como las que emite el principal partido de la oposición tampoco contribuyen a hacer creíble lo que siempre debería entenderse como una visión de Estado. La propia EES -que pretende fijar un marco a diez años vista- establece que se revisará y se podrá modificar si las circunstancias lo aconsejan. Por tanto, resulta chocante que quien puede ocupar mañana las responsabilidades de gobierno se apure en desmarcarse de un documento que -si se cumplen sus expectativas electorales- puede reelaborar en su día. Mientras eso no ocurra, lo que ahora corresponde es asumir que la EES es, como dice su título, "una responsabilidad de todos".

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).