Las cuentas sanitarias

La deuda del sistema sanitario español, administrado por las comunidades autónomas, superó en el primer trimestre los 9.400 millones de euros. Tan preocupante o más que esa cuantía es el ritmo de su aumento: un 10,8% sobre el mismo periodo del año anterior en relación con la factura farmacéutica.

El volumen del gasto sanitario total no es exagerado. Se sitúa por debajo de la media de la UE (de los Quince antes de la ampliación); la sanidad pública cuesta el equivalente a un 6% del PIB. Pero sí son exorbitantes algunos de sus elementos, como el gasto farmacéutico, el segundo en la clasificación mundial después de EE UU; o el número de visitas médicas, que multiplica por ocho la media europea.

Lo más inquietante es el aumento exponencial del gasto en los últimos años. Tiene explicaciones. Es un gasto poco elástico, dada su demanda social. Ha afrontado un aumento de usuarios por razones demográficas y un encarecimiento tanto por el envejecimiento de la población (el paciente medio de la tercera edad requiere mayor atención), como por la incorporación de nuevos y más sofisticados dispositivos tecnológicos y tratamientos. De modo que, en ausencia de un control muy estricto, el coste de la salud pública tiende al infinito.

El gasto sanitario representa casi la mitad de los presupuestos autonómicos, un 44,9%, lo que sumado a la educación supera el 70%. Si se le añaden los servicios sociales, ese porcentaje supone las tres cuartas partes de los mismos. Tanto o más que los excesos suntuarios, el déficit autonómico tiene un componente social de tipo estructural, lo que no implica que no pueda, y deba, ser controlado: al revés. Porque obstaculiza el cumplimiento de los techos de déficit, poniendo a España en riesgo de desbordar sus compromisos de estabilidad y de agravar la crisis de la deuda soberana. También porque genera retrasos abusivos en los pagos a proveedores en todas las comunidades, lideradas por las que regenta el PP.

Este país se enfrenta, pues, a un dilema. O reduce drásticamente el gasto sanitario, desmantelando buena parte de su modelo social, o conserva una sanidad de primera, con recortes en elementos no esenciales y aumento de ingresos por la vía de un copago que incorpore criterios de equidad, según el poder adquisitivo de los pacientes. La respuesta debería ser evidente.