Imputados al poder

Una buena parte del aproximadamente centenar de candidatos incursos en procesos por corrupción que han concurrido a las elecciones autonómicas y municipales han conseguido -o han vuelto a obtener- el veredicto favorable de las urnas. Debe haber algo misterioso en el aval popular a los políticos corruptos pues los analistas no acaban de identificar las causas. Entre los votantes de este tipo de políticos parece primar la adhesión ideológica al partido del que forman parte o que ven en ellos alguna cualidad que los hace merecedores de su voto por encima de las sospechas judiciales que los señalan como corruptos.

El caso es que el mapa municipal y autonómico dibujado tras las elecciones ha quedado salpicado de puntos de presunta corrupción institucional. El partido que ha sido más beneficiado por esa benevolencia electoral ha sido el ganador: el Partido Popular. Nada tiene de extraño, por ello, que en la Comunidad Valenciana, en la que dicho partido ha obtenido un amplio respaldo, se concentre el mayor número de imputados que han vuelto a ocupar cargos institucionales.

Diez implicados en causas por corrupción tomaron ayer posesión de sus escaños en el nuevo Parlamento valenciano ante la protesta de grupos de ciudadanos indignados por tal comportamiento político. La presencia entre los implicados del reelegido presidente de la Generalitat, Francisco Camps, otorga a su caso una dimensión especial. No solo por su rango institucional, sino por ser el que más cerca está del banquillo y, por tanto, de un veredicto que de ser condenatorio le obligaría a dimitir. Porque es impensable, por la grave quiebra del Estado de derecho que supondría, que una eventual condena judicial fuera cuestionada, deslegitimándola socialmente, por el voto popular obtenido.

Los candidatos inmersos en causas por corrupción tienen una responsabilidad política que debiera haberles disuadido de concurrir a los comicios. Y que se acrecienta al volver a ocupar cargos públicos, al margen de la penal que pudiera corresponderles en caso de condena. Nuevamente, el caso de Camps adquiere una relevancia especial pues el peso judicial que ha alcanzado la rama valenciana del caso Gürtel, con el encausamiento de la cúpula del anterior Ejecutivo y del PP valencianos, le convierte en principal responsable político.

El voto de las urnas no diluye la responsabilidad política que deriva de la imputación de hechos delictivos. Que los gobernantes eludan esa responsabilidad amparándose en los ciudadanos agravia a estos y les denigra a ellos. En este sentido es sintomático de la confusión reinante lo sucedido en Telde, la segunda ciudad más populosa de Gran Canaria: que un pequeño partido llamado Ciudadanos para el Cambio haya dado las llaves de la alcaldía a la candidata del PP imputada por graves delitos de corrupción. Resulta lógico, pues, que una vez más la clase política en su conjunto haya vuelto a tener una pésima valoración en la encuesta que el CIS hizo pública ayer.