Justicia intenta recomponer la relación rota entre el Poder Judicial y la Fiscalía

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidió ayer "serenidad y tranquilidad" en un intento de recomponer los destrozos en las relaciones institucionales entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, a propósito de la ley mordaza que pretendía reforzar el secreto sumarial impidiendo a los fiscales y a los abogados dar información sobre la instrucción de un proceso sin permiso del juez. La tensión quedó rebajada con la retirada de las polémicas enmiendas y con el reconocimiento por el propio Caamaño de su participación en la ronda de contactos entre la comisión del Poder Judicial y los grupos parlamentarios. Eso sí, Caamaño exigió respeto al Parlamento, que es el que tiene el poder de legislar.

El PP pretende equiparar la acción popular con el fiscal y el ofendido

El ministro Caamaño, que se veía en el medio de la refriega, quiso aclarar ayer que sí estuvo informado de las enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisó que se reunió con los vocales del Consejo e incluso en presencia del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo. Pero negó que suscribiera el contenido de esas enmiendas.

Sobre lo acontecido con la ley mordaza, desde el ministerio se admitió también que el ministro sí conversó con los responsables parlamentarios del PSOE para que redactasen unas enmiendas con las que negociar con el PP y los demás grupos, como se hace habitualmente en todas las leyes. Sin embargo, se mantuvo firme en su versión de que el Gobierno no asumió el resultado de las enmiendas que se presentaron a los grupos en el Congreso y que defendía el proyecto de ley como se registró inicialmente.

Fuentes del Poder Judicial aseguraron que el ministro se reunió en media docena de ocasiones con los consejeros judiciales. A la primera acudió Trillo y en la siguiente, en La Moncloa, participó el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, así como el presidente del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Dívar. Para el ministerio, esa última cita fue simplemente institucional.

La evidente tensión institucional de estos días se diluyó algo ayer con la retirada de todas las enmiendas del PSOE a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluida la de la ley mordaza tal como confirmó el portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, en la primera reunión de la ponencia. El PSOE solo defenderá las reformas imprescindibles para aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluidas en la última reforma del Código Penal. Joan Ridao, de ERC, retiró las suyas sobre el secreto del sumario.

Quedan para la negociación las enmiendas presentadas por el resto de grupos, especialmente el PP. Según explicó Trillo a este periódico, el PP pretende, en contra de la opinión del PSOE, asegurar la efectividad de las acusaciones populares, manteniendo el proceso hasta el fin aunque no acuse el fiscal. Es decir, que pretende equiparar al acusador popular con el fiscal y el ofendido, en contra de lo establecido hasta ahora. El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, presidirá hoy el Consejo Fiscal que analizará las enmiendas que critican los fiscales.