El ICF traspasará a una sociedad mercantil la actividad crediticia

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) también afrontará su particular proceso de bancarización. El banco público de la Generalitat creará una sociedad mercantil a la que traspasará su actividad financiera, mientras que el ICF actual, que podrá mantener esta denominación o cambiarla, mantendrá el resto de competencias que tiene ahora, según consta en el borrador de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que acompaña al proyecto de presupuestos de 2011.

La oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, pretende que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) sea asumido dentro del perímetro de la Generalitat, lo que supondría que esta engrosaría su deuda en más de 3.500 millones, y esto significaría un saldo total de incluso más de 35.000 millones, tal como avanzó ayer EL PAÍS. Sin embargo, fuentes de la Generalitat desvincularon la creación de esta sociedad de esa decisión y dijeron que la medida busca culminar el proceso de profesionalización de la entidad de crédito.

El 'banco público' catalán absorberá el Instituto de Crédito Agrario

Con el proyecto, no obstante, el Departamento de Economía, cuyo titular es Andreu Mas-Colell, podrá autorizar la creación de esa nueva entidad, que fuentes consultadas aseguraron que facilitaría mucho las cosas para que el ICF no tuviera que entrar en el perímetro del sector público. El actual ICF, que será la matriz de la nueva sociedad y que absorberá también el Instituto Catalán de Crédito Agrario, podrá mantener sus participaciones en otras sociedades, mientras que la nueva entidad podría recibir el activo y pasivo del ICF, en concreto el que está vinculado a operaciones de crédito. "La sociedad mercantil que se constituya podrá efectuar las actuaciones precisas para iniciar con plena independencia su actividad como entidad de crédito", concluye el anteproyecto presentado al Parlament.

El sector público catalán ha engrosado este año. Y de hecho, en términos contables lleva haciéndolo de forma constante desde 2006. Si ese año la Generalitat tenía 86 empresas dentro del perímetro del sector de la Administración catalana, ahora hay 183, lo cual significa que debe asumir su déficit y deuda. Solo este año el Gobierno catalán ha tenido que absorber 52 entidades, según el proyecto de ley de presupuestos que la Generalitat ha entregado al Parlament esta semana.

La normativa del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) obliga a incluir dentro del sector de la Administración a las entidades que tengan unos ingresos por ventas inferiores al 50% de los costes de producción o, entre otros supuestos, las unidades que considera que siguen unas directrices directas de los ejecutivos.

Siguiendo los criterios de Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y la Intervención General del Estado fijan en cada momento las entidades que deben integrar el sector de la Administración pública de la Generalitat. Para 2011, esta debe incorporar 183 entidades, según la memoria que acompaña a los presupuestos. Se trata de la propia Administración catalana, sus entidades autónomas administrativas, el Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, 2 entidades autónomas y financieras, 36 de derecho público, 18 mercantiles, 73 consorcios y 25 fundaciones. Respecto al año anterior, según los presupuestos, se han incorporado 52 entidades (7 de derecho público, 23 consorcios y 22 fundaciones), mientras que se han dado de baja dos entidades. De los 183 organismos, no obstante, en 28 la Generalitat no tiene participación mayoritaria.