Error y acierto de Cataluña

El Gobierno nacionalista catalán ha cometido un error de bulto en materia de Hacienda. En sus primeros 150 días ha sembrado una total confusión sobre el modelo fiscal que pretende. Ha defendido al mismo tiempo tres horizontes contradictorios, mientras improvisaba recortes poco coordinados y peor pactados.

Al reclamar el Fondo de Competitividad, se fiaba al Estatuto y la Lofca: un federalismo fiscal matizado. Al postular simultáneamente un pacto fiscal "en la línea del concierto" vasco, diseñaba un deseo confederal, que es lo que es el modelo foral. Su voto embozado en el seudo referéndum autodeterminista creaba la ensoñación de una completa independencia de la Hacienda propia.

Con el presupuesto para este año, el consejero Mas-Colell ha tenido el acierto de aclarar el rumbo, al menos a corto plazo. Cataluña sigue en la vía estatutaria. Más para este Mas: votó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto al Gobierno el 27 de abril el escenario de estabilidad autonómico para 2012, 2013 y 2014: déficit del 1,3%, del 1,1% y del 1% sobre el PIB. Colocó así a Cataluña en la senda de la seriedad y de las exigencias de la UE y de los acreedores, esos a los que a veces llamamos mercados.

Las autonomías deben cumplir lo pactado. El Gobierno, ser leal. Y todos, discutir el copago

Ahora bien, aunque ya en el presupuesto actual se practica una austeridad tajante -con un recorte global del 10%, ojalá que bien seleccionado y equitativo-, el resultado del mismo arrojará un déficit del 2,66%, el doble del 1,3% pactado. Subrayemos: pactado en el CPFF y no impuesto como parlotean los propagandistas. Lo acordó el anterior Gobierno catalán. Los Gobiernos comprometen a los Estados, y la Generalitat es Estado.

Ser serio implica cumplir los pactos, o bien lograr su reformulación. Todas las comunidades deben cumplir el techo de déficit del 1,3%. De lo contrario acabarán envileciendo la calidad de su propia deuda, encareciéndola, y también a la del Reino, lo que amplificará el ciclo vicioso, abocando a España a penalidades como la de los vecinos. O sea, no se puede encapsular en el vacío el ejercicio 2011, arguyendo que ya se cumplirá en 2012.

¿Tendría sentido suavizar la cadencia de la austeridad, ampliando un año el plazo para alcanzar el déficit autonómico del 1,3%? Sí. Recortar en un solo ejercicio el desbalance en 16.000 millones, para dejarlo a la mitad, desde el 2,83% actual es un esfuerzo hercúleo. Sobre todo si, ciertos excesos aparte, las comunidades dedican el grueso de su gasto, entre el 75% y el 80%, a sanidad, educación y servicios sociales. Pero eso solo puede hacerse por vía de acuerdo, no por la brava.

Para ello, el Gobierno debería evitar centrifugar parte de su déficit, abonar ya los 3.773 millones de los fondos de convergencia, incluido el de competitividad, que sanearían un 25% del esfuerzo de ahorro de las autonomías. Aunque no esté obligado por ley hasta más tarde, lealtad y tradición obligan: siempre se hizo así, mediante anticipos. Al final, los déficits central y autonómicos se agregan ante la UE y servirán de poco los jueguitos malabares de retener yo la partida para que quedes mal tú en la foto. Al cabo, habrá que atacar la cuestión de fondo: si se quiere mantener una sanidad sin hachazos desnaturalizadores, quizá un copago equitativo resulte inevitable.