El Congreso del PCC y la economía cubana

El pasado abril, bajo la presidencia de Raúl Castro, se efectuó el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), tras 14 años sin celebrar dicho evento. La crisis económica que comenzó en 2008 y se agravó por la crisis global, ha sido una causa de las reformas modestas hacia el mercado introducidas en años recientes y de su ratificación por el Congreso. La pregunta clave es si los acuerdos de este serán capaces de resolver los problemas económicos y sociales del país.

Cuba afronta una crisis severa aunque aún no llega al extremo de la de 1993-1994, tras el colapso de la URSS. En 2010 la economía subió un 2%, un tercio del promedio regional y una cifra dudosa: el 65% fue generado por servicios, los cuales están sobrevaluados y crecieron un 7%, mientras que solo el 19% fue la producción que cayó un 7%, y el 16% fueron electricidad, gas y agua, que declinaron un 1%. La formación bruta de capital disminuyó por segundo año consecutivo al 10%, menos de la mitad del promedio regional y del nivel cubano en 1989, antes de la primera crisis. La liquidez monetaria aumentó al 42%, el doble que en 1989. Aunque mejoró algo la balanza de pagos, los términos de intercambio se deterioraron por tercer año consecutivo (por el incremento de precios del petróleo y los alimentos), la deuda externa ascendió a 14.300 millones de euros (el triple de 1989) y creció la dependencia cubana de Venezuela. La construcción de viviendas bajó a la mitad de la tasa por 1.000 habitantes en 1989. El desempleo abierto se mantuvo en un 1,6%, pero en realidad era un 11,6% debido al excedente de mano de obra estatal.

Con el modelo de socialismo de mercado chino las probabilidades de éxito serían mayores

Para afrontar el deterioro económico, Raúl anunció en 2007 "reformas estructurales" del sistema, seguidas del debate más amplio y profundo bajo la revolución. Después de una espera aprobó varias reformas orientadas hacia el mercado, la gran mayoría modestas y solo dos profundas. Una es la entrega en usufructo de la mitad de las tierras estatales ociosas, que tiene serios obstáculos: el Estado se reserva la propiedad y concede contratos a personas por solo 10 años, con obligación al usufructuario de venderle parte de la cosecha a precios fijados inferiores al precio de mercado; los contratos pueden ser rescindidos o no renovados, el usufructuario no puede construir una casa en el terreno y debe pagar tres tipos de impuestos. Debido a estas trabas y desincentivos, después de casi dos años de entrega de tierras, la producción agrícola cayó un 3% en 2010.

Otra reforma importante es el despido de entre 500.000 y 1,8 millones de trabajadores estatales innecesarios (del 10% al 39% de la fuerza laboral) que se ocuparían en nuevos trabajos por cuenta propia y otros privados, pero también con barreras muy fuertes. Algunas de las 178 ocupaciones aprobadas tienen cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes, transportista de carga y pasajeros), pero la gran mayoría son artesanales (aguador, limpiabotas, pelador de frutas, payaso, carretillero). Siguen excluidos de realizar trabajo por cuenta propia los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos y tendrán que desempeñar ocupaciones privadas no calificadas. Hay numerosos y pesados tributos: entre 10% y 40% sobre el ingreso, 25% por utilización de la fuerza de trabajo y seguridad social, 10% por ventas y 10% por uso de servicios públicos. Según la ministra de Finanzas y Precios, la carga tributaria promedio es de 30-35%, pero también se ha estimado una carga que puede exceder el 100% del ingreso neto. La ministra declaró a fines de 2010 que el impuesto por utilización de fuerza de trabajo crecerá proporcionalmente según se contraten más trabajadores a fin de que el negocio rinda menos utilidades e impedir así la concentración de la riqueza. Con los impuestos, el Gobierno esperaba incrementar en un 300% el ingreso fiscal este año, pero mató a la gallina antes de que pusiera los huevos de oro. En febrero de 2011, Raúl reconoció que el plan de despidos no funcionaba y que solo se habían creado la mitad de los trabajos privados planeados, aplazando el proceso.

El proyecto de Lineamientos (un 92% económicos y solo un 8% sociales) fue publicado en noviembre de 2010 y, tras amplio debate nacional, sometido en abril al VI Congreso del PCC; este modificó o agregó el 68% de las 291 cláusulas originales, pero la mayoría fueron fusiones y correcciones estilísticas, con pocos cambios sustanciales. Los acuerdos y reformas son positivos pero restringidos, con trabas y desincentivos que restringen su efectividad para resolver la situación.

El modelo económico socialista no se cambia sustancialmente, sino que se "actualiza". Persiste la planificación central como herramienta esencial, si bien transformándose y teniendo en cuenta el mercado y la gestión "no estatal" (privada), pero sometidos al plan, estricta regulación y controles financiero-administrativos. La empresa estatal sigue siendo la principal y se ratifican formas de gestión privada antiguas o introducidas por las reformas sin agregar nuevas. Se prescribe una mayor descentralización en la gestión de las empresas estatales que habrán de ser autofinanciadas, sin subsidios fiscales; aquellas que incumplan sus obligaciones y arrojen pérdidas serán liquidadas o transferidas a la gestión privada.

Como las reformas, los acuerdos están lastrados por serias limitaciones. Realmente no definen un "modelo", ya que no determinan el grado de participación del plan y del mercado, a más que hay contradicciones y vacíos importantes. La descentralización, el autofinanciamiento y el cierre de empresas improductivas fueron intentados varias veces antes sin éxito. En la esfera privada "no se permitirá la concentración de la propiedad", tampoco la propiedad cooperativa puede ser vendida o arrendada. Por otra parte, se autoriza la compraventa de viviendas, prohibida desde 1960, aunque sin especificar las normas. Se mantiene la determinación centralizada de precios en las áreas que "interese regular", "descentralizando las restantes", sin especificar unas y otras. Los lineamientos concedían "flexibilidad" a las empresas para fijar precios, pero los acuerdos suprimieron esta cláusula; se estipula "revisar integralmente el sistema de precios" sin pautas de cómo hacerlo. A pesar de la severa necesidad de transferencia de capital y tecnología foráneas en toda la economía, la inversión extranjera continúa circunscrita a "aquellas actividades de interés para el país", lo que ha llevado a la caída en las empresas con capital extranjero. Abundan las metas idealistas: eliminación de la dualidad monetaria (peso convertible y nacional); recuperación de la capacidad exportadora en azúcar, tabaco y pesca, así como la de níquel; reducción de la dependencia en las importaciones y erradicación de los subsidios a las exportaciones. Pero ni siquiera se esbozan estrategias para alcanzar esos objetivos teniendo en cuenta la crisis actual.

La "actualización del modelo" no se ha implementado pero la experiencia histórica y las limitaciones citadas crean serias dudas sobre si se logrará. Si se hubiese seguido -adaptándolo a las características cubanas- el modelo de socialismo de mercado chino o vietnamita (con un rol mayor del mercado y del sector privado), que ha dado excelentes resultados por decenios, las probabilidades de éxito serían mucho mayores.

Las explicadas fallas de las reformas no fueron corregidas por los acuerdos y hay que preguntarse por qué no se hizo esto durante meses de debates en que participaron nueve millones de cubanos, así como en la Asamblea Nacional, el Comité Central del PCC y su Buró Político, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y entre los delegados en el Congreso. Raúl había anunciado una Conferencia Nacional del PCC en la segunda mitad de 2011 y la pospuso para fines de enero de 2012, pero estará encaminada a determinar el papel del partido y sus relaciones con el Gobierno, no a corregir las fallas.

La efectividad de las reformas y acuerdos está lastrada por objetivos excluyentes o contradictorios. Por una parte se reconoce la necesidad de aumentar la producción, eliminar el empleo estatal excedente y el papel creciente que debe jugar el mercado y el sector privado. Por otra parte, se pone énfasis en el plan central, el control, la regulación, la empresa estatal y la fuerte tributación al sector privado que impide su desarrollo. Esto sugiere un conflicto en la dirección, unos en favor de los cambios y otros renuentes o temerosos de los mismos, por lo que el resultado es un compromiso ineficaz.

En conclusión, las reformas y los acuerdos pueden lograr modestas mejoras, pero, a menos que se resuelvan las contradicciones existentes en la dirección y se profundicen los cambios, no conseguirán resolver los problemas económicos y sociales fundamentales. En ese caso, podría ocurrir una lucha en la dirección para expandir las reformas. Por el contrario, si prevalece la inercia ocurriría una erosión económica-social mayor y el consiguiente descontento de la población.

Carmelo Mesa-Lago es catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).