El Gobierno abre la vía a la primera ley española sobre el cambio climático

El Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos se repartirán los compromisos de emisión de gases de efecto invernadero y estarán obligados por ley a cumplir con estos límites. El Consejo de Gobierno aprobó ayer, con retraso sobre lo previsto, el proyecto de ley de Cambio Climático, que a partir de ahora iniciará el trámite parlamentario para su aprobación definitiva. Euskadi da de esta forma un paso más para convertirse en la segunda comunidad europea, solo por detrás de Escocia, que aprueba una ley de estas características. El texto será el primero de su tipo en España.

El proyecto de ley presenta como idea principal involucrar a las instituciones públicas en la reducción de las emisiones de CO2 , emulando los derechos de emisión de gases a los que están sujetas las empresas privadas, aunque sin la posibilidad de comerciar con ellos. ¿Qué pasará si no cumplen con los objetivos planteados? Nada, porque la ley no establece sanciones ni multas. La ley "no es un acto de autoridad, sino de compromiso", resalta en declaraciones a EL PAÍS la viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Terán.

La ley quedará aprobada en la Cámara en torno a finales de año

La titular del departamento, Pilar Unzalu, hizo hincapié ayer en la necesidad de dar ejemplo al sector privado porque una empresa que no cuida sus emisiones "va a ver comprometido su futuro por la competencia a la vista del precio de los combustibles y de los derechos de emisión". Las 20 toneladas de CO2 anuales que se emiten en Euskadi tienen un coste de 320 millones de euros.

La llave para esta transformación son las instituciones más cercanas, porque el 70% de las medidas contra el cambio climático tienen que ser adoptadas en el ámbito regional. El compromiso no solo abarcará a todos los departamentos, a los que se fijará una cifra concreta de emisión de gases de efecto invernadero, los que el proyecto de ley denomina "presupuestos de carbono". Está previsto que el Gobierno sea el primero en implantarlos, seguido por las Diputaciones y, más tarde, los Ayuntamientos. Todos los planes institucionales deberán tener en cuenta la variable medioambiental.

La ley recoge los planteamientos generales que han sido debatidos por los tres niveles institucionales en los últimos meses. Y se apoyará en una herramienta esencial: un plan que señalará los objetivos concretos y que deberá estar listo seis meses después de la aprobación de la norma. El trámite parlamentario,que podrá modificar la ley, relegará el visto bueno de la Cámara al menos hasta finales de año.

La ley recoge medidas concretas, como la obligación de que todas las viviendas de nueva construcción y las rehabilitadas incorporen medidas de apoyo energético. Fuentes de la consejería especificaban ayer que se prevé que a partir de 2016 se promueva en los nuevos hogares la emisión nula de carbono por esta vía. Además, todas las instituciones deberán tener programas de reducción de gases de efecto invernadero y los Ayuntamientos estarán obligados a elaborar planes de prevención de la contaminación lumínica.

"Queremos lograr lo que no han conseguido los Estados: adoptar compromisos concretos para luchar contra el cambio climático", concluyó Terán.