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Editorial:

Déficit de democracia

Gran parte de América Central padece un gravísimo problema de seguridad ciudadana

La democracia no puede reducirse a votar cada equis años, ni aunque eso se haga dentro de un marco pasablemente pluralista. La primera libertad del ciudadano es la de vivir razonablemente desacomplejado de lo que le pueda suceder en su vida cotidiana. Y esa libertad es la que falta de manera gravísima en gran parte de América Central, donde Guatemala, Honduras y El Salvador figuran a la cabeza de la relación de países más violentos del planeta. El pasado 15 de mayo, 27 campesinos fueron asesinados por matones del cartel mexicano Los Zetas en una finca del Petén, la región guatemalteca colindante con México, donde el Estado puede incluso perder la batalla por el control del territorio.

Entre 2003 y 2008 se produjeron en Centroamérica casi 80.000 muertes violentas, circulan tres millones de armas de fuego, la mayoría ilegales, y la lucha contra la criminalidad, aun en su impotencia, consume el 8% del PIB, según datos del Banco Mundial. En Guatemala el 98% de los delitos quedan impunes.

Ante semejante situación, que nace de una desigualdad económica y social galopante -en especial de los tres países citados, y con la excepción relativa de Costa Rica-, de la infiltración y soborno masivos de los cuerpos de seguridad del Estado, que procura sin competencia posible el narcotráfico, y de una fiscalidad virtualmente inexistente, solo cabe una respuesta pública a escala regional. El llamado Grupo de Amigos de Centroamérica, integrado por diversos Estados europeos, entre ellos España, se reunió en Madrid hace unos días con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Belice para acordar un principio de acción conjunta con que recuperar ese monopolio de la violencia que Max Weber consideró atributo esencial del Estado. El plan de saneamiento de la justicia y renovación moral y material de las estructuras policiales, que deberá ultimarse en una próxima reunión en Guatemala, se evaluó en casi 1.000 millones de dólares, de los que Washington ya ha prometido 200; el resto deberá proceder de ese grupo de países amigos.

La bajísima intensidad de la democracia en gran parte de Centroamérica exige, y sobre todo y de forma más urgente en los tres países citados, una refundación del Estado. A casi 200 años de la independencia hay que ser capaz de pensarse de nuevo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de mayo de 2011