El Gobierno acepta que las comunidades convoquen casi 8.000 plazas de docentes

Las oposiciones docentes de las siete comunidades autónomas que el Ministerio de Economía pretendía frenar en los tribunales se celebrarán finalmente. En total, se convocarán 7.915 plazas de profesores y maestros, las mismas que habían previsto las comunidades afectadas por los recursos judiciales de Economía: Cataluña, Castilla y León, Navarra, Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura.

Castilla y León fue la última en cerrar ayer el acuerdo con el departamento de Elena Salgado y el Ministerio de Política Territorial. Economía retirará el recurso que ya había presentado en el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad contra su oferta de empleo público al entender que superaba las restricciones fijadas en los Presupuestos. Castilla y León presentará el mismo número de plazas que tenía previsto (510), pero modificará el decreto para que una parte de las plazas convocadas se contabilicen como consolidación de puestos ocupados ya por interinos y otra como nueva creación.

En este último caso, en el de nueva creación, sí se cumplirá con la restricción del 30% fijada en los presupuestos y que implica que solo se pueden cubrir tres de cada diez jubilaciones.

Con la solución alcanzada con Castilla y León, la misma que se ha empleado con las otras seis comunidades afectadas, se cierra este conflicto que mantenía en vilo a miles de opositores y que se ha generado por la falta de coordinación dentro del Gobierno y entre el Ejecutivo y las comunidades.

Sin embargo, se ha abierto otra polémica por ver quién ha sido el vencedor y el perdedor en esta pugna. Cuando el martes Cataluña alcanzó con Economía el mismo acuerdo que se cerró ayer con Castilla y León para desbloquear las oposiciones, la Generalitat sostuvo que había ganado "un pulso" al Estado, ya que presentará el mismo número de plazas que tenía previsto. Pero el departamento de Elena Salgado entiende que la "rectificación" la han realizado las autonomías y que, tras las modificaciones de los decretos, el Estado se ahorrará unos 130 millones.