Gallardón reordenará los distritos y las áreas de gobierno si gana

"Se aprobará un nuevo modelo de organización del Gobierno de la ciudad en el que el protagonismo lo ostentará el mejor servicio al ciudadano. Adaptaremos el Reglamento del Gobierno y la Administración, el Reglamento de los distritos y los estatutos de los organismos y empresas públicas; simplificaremos la organización del Ayuntamiento en su conjunto, y revisaremos la asignación de competencias". Este párrafo del programa electoral de Alberto Ruiz-Gallardón contiene las pistas de una de las apuestas más importantes para la próxima legislatura: la reorganización de los distritos, las áreas de gobierno y las empresas públicas.

Desde hace semanas, muchos concejales de distrito andan alborotados con la posibilidad de que cambie la ordenación territorial (vigente desde 1987) y competencial de la ciudad. Mientras, el Ayuntamiento se remite al programa y la oposición aprieta en sentido contrario: descentralización de la gestión. ¿Cuál es el mejor modelo en tiempos de austeridad? Este es el debate que viene. Pero si Gallardón gana y cumple con su programa, el Ayuntamiento cambiará su estructura. "Necesitamos intentar lo imposible", reza la cita del sociólogo Zygmunt Bauman que encabeza este apartado del programa.

Los distritos tienen en total 567 vocales vecinos que cuestan unos seis millones

La división actual configurada en 21 distritos se hizo en 1985

"Es necesario abordar un proceso de redefinición y simplificación de la organización (...). Es necesario repensar para potenciar y especializar las vías y cauces de participación ciudadana Es necesario abordar reformas, profundas reformas", señala la hoja de ruta electoral. Es decir, la proximidad de las juntas podría no ser ya el elemento que articule la participación ciudadana que, en cierto modo, funciona desde que Carlos III implantó los ocho alcaldes de barrio en Madrid. Y consta que al rey ya le traía de cabeza su coordinación.En 1987 Madrid pasó de 18 distritos a 21. La tendencia parece ahora la inversa. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 autoriza a los municipios de gran población a crear los distritos que considere conveniente, siempre que deje como mínimo dos. Las competencias que tengan o su distribución es decisión del Gobierno local. Es decir, si el Ayuntamiento quisiera, podría crear, por ejemplo, cinco grandes distritos en Madrid. Un modelo como el que rige en la ciudad de Nueva York (donde, además, las áreas territoriales tienen las competencias muy reducidas). Eso es lo que ahora inquieta más a algunos concejales del Ayuntamiento, especialmente, claro, a los que presiden las juntas de distrito.

Los motivos de preocupación son fundamentalmente dos. Por un lado, algunos creen realmente en la organización actual como modelo de proximidad con el ciudadano y piensan que una concentración geográfica restaría agilidad y cercanía a la Administración. Y eso es un debate sobre gestión. Pero planea de fondo la preocupación de todos los partidos por una pérdida de cuotas: dinero.

La cuestión aquí es que solo el PP tiene 66 cargos de confianza distribuidos por todas las juntas y 336 vocales vecinos (representantes del partido en los plenos de distrito); el PSOE posee 168 vocales vecinos, e IU, 63. Eso son muchas dietas (alrededor de unos 1.000 euros mensuales por vocal, que suman un total de más de seis millones anuales) para militantes de los partidos a los que hay que retribuir de alguna forma su leal dedicación. En tiempos de crisis, también son una carga económica complicada de asumir. Y el programa habla claramente de buscar nuevas fórmulas de participación ciudadana, más directas.

Los 21 distritos de Madrid gestionan un presupuesto de 234 millones de euros, el 13% de las arcas municipales (el mínimo legal, establecido por el propio Ayuntamiento, es del 11%). Su plantilla total es de 6.790 trabajadores, de los cuales más de la mitad son funcionarios. La reducción de distritos o el adelgazamiento de su organización permitirían trasladar parte de esos trabajadores a áreas de gobierno con grandes carencias. El caso es que el Ayuntamiento ha suprimido en los últimos tres años 1.648 puestos de trabajo (jubilaciones que no se han cubierto). ¿Qué podría suceder? Que la reducción de plantilla en las juntas fuese, en realidad, un traslado de funcionarios a áreas como Medio Ambiente o Movilidad, con carencias de personal.

En esa línea, el documento electoral señala que las competencias las ejercerá "el nivel organizativo que de forma más ágil, simple y flexible garantice el despliegue de los servicios públicos". Actualmente, las juntas de distrito gestionan servicios sociales (centros de mayores, comedores, ayuda a domicilio...); instalaciones deportivas y centros culturales; licencias de uso residencial; licencias para venta de bebidas alcohólicas; labores de inspección sanitaria o autorizaciones para quioscos y terrazas. En algunos casos, se crean duplicidades con las áreas de gobierno que complican la gestión o seguimiento de contratos. Por eso, por ejemplo (acelerado por el caso Guateque), las licencias de actividad económica ya se han centralizado en una agencia que controla la vicealcaldía.

Por último, dentro de las "profundas reformas" se apunta también a las áreas de gobierno y a las empresas públicas. Evidentemente, la única dirección posible en este último caso consistiría en deshacerse de la participación que todavía ostenta el Consistorio en sociedades como la funeraria o plantear fusiones en otras como Espacios y Congresos. Adelgazar, en suma, para caminar ligero.